Graciela Aleñá denunció penalmente a las autoridades de Vialidad Nacional por presuntas irregularidades en la obra pública

La titular del gremio vial Graciela Aleñá amplió una denuncia penal contra las autoridades de Vialidad Nacional por supuestas maniobras que incluyen la privatización encubierta de funciones clave, desvío de fondos y abandono del mantenimiento de rutas, lo que pondría en riesgo tanto a trabajadores como a usuarios.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, presentó una ampliación de denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 6, en el marco de la causa CFP 1826/2025, por posibles delitos cometidos en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La presentación judicial fue realizada en base a información recabada por el sindicato, a partir de fuentes vinculadas al organismo y una publicación del medio “El Destape” – que esta semana expuso una licitación llevada a cabo por el organismo en momentos en que las obras viales se redujeron a casi cero -, y apunta a hechos de extrema gravedad institucional.

Entre ellos se señalan el presunto vaciamiento de funciones del personal técnico de la DNV, desplazándolos de tareas estratégicas vinculadas a la elaboración de proyectos, supervisión, seguimiento y certificación de obras públicas; la entrega de áreas técnicas a empresas contratistas mediante la figura de «asistencia técnica», lo que implicaría una privatización encubierta de funciones estatales esenciales; la violación de leyes vigentes y principios constitucionales que garantizan el control y la transparencia de la obra pública.

A esto se suma una nueva denuncia vinculada a la falta de transferencia de fondos que, por ley, deben asignarse a la DNV a través de impuestos específicos como el de los combustibles líquidos. Según informó el Sindicato, esos recursos fueron recaudados pero retirados arbitrariamente de su destino legal, lo que impacta directamente en el mantenimiento de rutas nacionales, caminos y en la provisión de elementos de seguridad para el personal vial.

“El Estado Nacional no puede argumentar una imposibilidad financiera, porque sí tiene fondos, pero decide no transferirlos a Vialidad, violando la ley y poniendo en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía”, denunció Graciela Aleñá. Como prueba de esta afirmación, se conoció recientemente que la Dirección Nacional de Vialidad destinó más de tres mil millones de pesos (USD 2.400.000) para contratar a la empresa Elipgo S.A. con el fin de montar un sistema de vigilancia sobre el personal de su sede central, una maniobra que el sindicato califica como “arbitraria, innecesaria y de ningún modo prioritaria”.

“Mientras las rutas están en estado calamitoso, y los trabajadores no tienen los insumos básicos de seguridad, la DNV gasta miles de millones para controlar a su propio personal. Esto no es un error: es una decisión dolosa de desmantelar el rol del Estado en la obra pública y favorecer negocios privados”, agregó Aleñá.

La gravedad de esta situación se reflejó recientemente en un siniestro ocurrido en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 145, donde los bomberos de Ceibas debieron intervenir tras un accidente generado por el mal estado del camino.

Por todo esto, el STVyARA exige a la Justicia que investigue a fondo estas maniobras, se cite a ratificar la denuncia y se dispongan las medidas necesarias para impedir la continuidad del daño y el riesgo a la población, conforme lo habilita el artículo 23 del Código Penal.

“Estamos ante una afectación grave e inminente a la vida y la salud tanto de quienes transitan las rutas como de quienes trabajamos en ellas”, concluyó Aleñá. “No vamos a permitir que se vacíe Vialidad Nacional ni que se desconozca el rol estratégico que cumple este organismo federal en todo el país.”

Así, desde el Sindicato se convocó a los medios de comunicación, a los organismos de control y a la ciudadanía a mantenerse alertas frente a este preocupante escenario y reitera su compromiso en defensa de la legalidad, la transparencia y la soberanía vial.