La histórica firma de logística Expreso Brío, con casa central en la ciudad de Rosario, acumula un pasivo estimado en 4.600 millones de pesos y más de 1.500 millones en cheques rechazados. Los trabajadores despedidos denuncian un «vaciamiento» y esperan respuestas de la Justicia.
La apertura del concurso de acreedores de Expreso Brío sumó un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa la empresa de logística y profundizó la incertidumbre entre sus trabajadores. La firma, que llegó a tener unos 400 empleados y mover dos millones de paquetes al año, acumula hoy un pasivo estimado en 4.600 millones de pesos, con el fisco como principal acreedor, y más de 1.500 millones en cheques rechazados por falta de fondos.
La Justicia decretó recientemente la apertura del concurso preventivo, que tramitará ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 9ª Nominación de Rosario, a cargo de la jueza María Fabiana Genesio. El proceso permitirá determinar formalmente el pasivo de la empresa y establecer la propuesta de pago a los acreedores. Esta semana está previsto el sorteo de la sindicatura y, una vez que el síndico acepte el cargo, se fijarán las fechas para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos. Para los trabajadores, sin embargo, el proceso judicial llega después de meses de incertidumbre, despidos y salarios impagos.
Gabriela Díaz, vocera de los trabajadores despedidos, relató que el conflicto comenzó el 30 de junio, cuando unos 60 empleados de la sede central de Rosario se presentaron a trabajar y encontraron el portón cerrado. «Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no», contó uno de los damnificados. La empresa acumuló más de 200 despidos en distintas sucursales del país, incluyendo Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Los trabajadores denuncian que la deuda salarial incluye los sueldos de mayo y junio, el aguinaldo y bonos convencionales.
La empresa, que cuenta con más de 25 años de trayectoria y tuvo históricamente su sede social en Pujato, enfrenta además una fuerte deuda con proveedores: entre sus compromisos financieros figuran créditos con YPF por 118 millones de pesos, Mercedes-Benz por 122 millones, Coinag por 120 millones y Comafi por 23 millones. Antes de llegar al concurso, los propietarios de la compañía, junto con el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, buscaron alternativas para evitar el cierre. La principal posibilidad había aparecido a través de COC Global Enterprise, el fondo de inversión vinculado al empresario Leonardo Scatturice, que controla OCA. Sin embargo, las negociaciones quedaron estancadas debido a la magnitud de la deuda acumulada, que superaría el valor actual de la compañía.
Mientras los trabajadores despedidos esperan respuestas, Expreso Brío continúa operando con normalidad, según denunció Díaz. «Fue una medida totalmente inhumana. No entendemos cuál fue el propósito de despedir de esta manera a tantos trabajadores», sostuvo la vocera, quien también cuestionó el accionar del Sindicato de Camioneros de Santa Fe por su ausencia ante el conflicto. «Estamos convencidos de que el fraude, con el guiño del sistema, fue bien planeado», afirmó Díaz, quien reclama que se investigue lo ocurrido y que los trabajadores puedan cobrar los salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes.
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