Dirigentes de ATE y del gremio aceitero coincidieron en que la reforma laboral impulsada por el Gobierno representa un ataque integral a los derechos de los trabajadores y llamaron a profundizar el plan de lucha. Advirtieron que el proyecto aumenta la precarización, limita la protesta sindical y también impacta de lleno en el sector público, pese a las negaciones oficiales. “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos.”, señaló Aguiar.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), Daniel Yofra, y coincidieron en que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral».
“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo. Fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales y su articulado puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas. Quieren que trabajemos más a cambio de menos dinero. Los perjuicios de esta iniciativa son generalizados sobre el sector público y todas las ramas del sector privado”, señaló Rodolfo Aguiar tras la reunión.
En este marco, el dirigente apuntó: “Al Gobierno no le podemos creer nada. Todas sus argumentaciones son falsas, sostienen que esta es una iniciativa destinada a crear empleo, pero la creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”.
“El camino es salir a la calle. No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno nacional, esta reforma sí afecta al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar, como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de ADuanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.
También, con el cambio en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo se pretende perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios.
Además, el artículo 79 del proyecto modifica la Ley 18.345 que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo.




