“Estamos tan mal que aceptamos rebajas del sueldo para evitar despidos”: la UTA alerta sobre el colapso del transporte público en Chaco y el riesgo de un efecto dominó nacional

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, describió una escenario de “precarización extrema” en el transporte del conurbano chaqueño del Gran Resistencia. Trabajadores aceptan cobrar escalas salariales viejas, empresas se acogen a procedimientos de crisis y los usuarios migran masivamente a motos ante la falta de frecuencias.

La crisis del transporte público de pasajeros en el Gran Resistencia alcanzó niveles inéditos, con trabajadores que aceptan rebajas salariales explícitas para sostener sus fuentes de empleo, empresas al borde de la quiebra y un sistema que, según advirtieron desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local, “está en peligro en su totalidad”. Las declaraciones del secretario general del gremio, Raúl Abraham, encendieron las alarmas no solo en el Chaco, sino también en otras provincias que enfrentan situaciones similares por la combinación de aumento de combustibles, caída de subsidios nacionales y tarifas que no logran cubrir los costos operativos.

“Estamos tan mal que aceptamos rebajas del sueldo para evitar despidos”, resumió Abraham en diálogo con el diario Norte. El dirigente sindical explicó que, ante la imposibilidad financiera de las principales operadoras, los choferes acordaron percibir “una escala salarial vieja” para que no haya suspensiones masivas. “Con TCM se acordó específicamente para mitigar los efectos negativos. Es un esfuerzo enorme que hacen los trabajadores, permitiendo la rebaja salarial para mantener la fuerza de trabajo en su totalidad”, agregó.

El cuadro de situación en el Área Metropolitana del Gran Resistencia es crítico. Empresas de peso como TCM y ERSA formalizaron a fines de 2025 su ingreso al Procedimiento Preventivo de Crisis, una herramienta legal que permite modificar condiciones laborales vigentes para evitar la quiebra total. Paralelamente, TCM avanzó hacia un concurso de acreedores, y la empresa San Fernando, responsable de la Línea 5, transitó el mismo camino ante la “imposibilidad fáctica” de sostener sus costos operativos.

El resultado cotidiano para los usuarios es una reducción drástica de frecuencias, con menos unidades en circulación para ahorrar gasoil, lo que genera esperas interminables en las paradas. La situación se agudizó durante el receso administrativo y escolar de enero y febrero, período históricamente crítico por la baja recaudación. “Esto es una crisis peor a la de 2021”, aseguró Abraham. “Están matando de hambre a la gente y el pueblo sufre demasiado. Hoy tenemos la suerte de que no hay despidos directos, pero no sabemos qué pasará en el corto plazo”.

Uno de los efectos más preocupantes señalados por el sindicalista es la mutación en la movilidad urbana: ante el aumento constante del boleto y la mala calidad del servicio, los vecinos se vuelcan a la compra de motovehículos, muchas veces por encima de sus posibilidades económicas. Esa migración, advirtió, transforma las calles en un foco de conflictividad y riesgo vial, al tiempo que profundiza el descalabro financiero del transporte público.

Abraham reclamó políticas activas que incentiven el uso del colectivo, tanto desde el Estado nacional como provincial. “El sistema en su totalidad está en peligro”, reiteró, y pidió frenar el desmantelamiento silencioso de un servicio esencial para sectores populares, estudiantes y trabajadores.