Un informe de la CTA revela que, tras la devaluación inicial del gobierno de Milei y sucesivos aumentos por debajo de la inflación, el salario mínimo perdió más del 50% de su poder adquisitivo en diez años y hoy no alcanza ni para cubrir una canasta básica

Un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA reveló el impacto de la política económica del actual Gobierno sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Según el documento, la devaluación aplicada al inicio de la gestión de Javier Milei provocó una caída inmediata de alrededor del 30% en el poder adquisitivo, que nunca fue recuperado.

Desde entonces, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo se reunió en cinco oportunidades sin lograr consensos entre empresarios y representantes gremiales. Ante esa falta de acuerdos, fue la Secretaría de Trabajo la que fijó los aumentos, en niveles prácticamente equivalentes a la postura empresarial. Para la CTA, estas decisiones “no sólo no buscaron recuperar la pérdida, sino que continuaron erosionando el ingreso real de los trabajadores”.

El informe detalla que en agosto de 2025 el salario mínimo se ubicó en un nivel 43,4% inferior al de noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 56,7% más bajo que en noviembre de 2015. Si hubiera mantenido su poder de compra, el SMVM debería superar hoy los $740.000.

Además, la relación entre el salario mínimo y los sueldos promedio del sector privado registrado también se deterioró: hoy equivale a menos de una quinta parte del salario medio.

La CTA advierte que el valor real del salario mínimo se encuentra por debajo de los niveles de la década de 1990 y de la crisis de la Convertibilidad. En ese entonces, al igual que ahora, el salario mínimo dejó de ser utilizado como herramienta para fijar pisos salariales y reducir la desigualdad.

El contraste con las necesidades básicas de una familia tipo es aún más crítico. En julio, un hogar compuesto por dos adultos y dos niños necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza.

“Estamos frente a un retroceso histórico que agrava la desigualdad y vacía de contenido al salario mínimo como instrumento de justicia social”, concluye el informe de la central sindical.