La Cámara Federal de Salta confirmó la acusación contra un productor azucarero de San Pedro, Jujuy, y ordenó la apertura del juicio oral. Está imputado por haber reducido a la servidumbre a dos trabajadores durante más de 30 años en condiciones de hacinamiento donde permanecían junto a sus familias. Se trata de uno de los casos de explotación rural más prolongados de los últimos años en el país.
La Cámara Federal de Salta confirmó la acusación contra un productor agropecuario de 50 años y ordenó la apertura del juicio oral en su contra, acusado de haber reducido a la servidumbre a dos trabajadores rurales durante más de tres décadas en una finca azucarera de San Pedro, Jujuy.
La decisión fue adoptada por la jueza Mariana Inés Catalano, quien desestimó los planteos de la defensa y avaló la acusación del Ministerio Público Fiscal, acompañada por la querella que representa a una de las víctimas. El expediente fue remitido al Tribunal Oral Federal de Jujuy, que deberá sortear a los magistrados encargados de llevar adelante el debate.
Según la investigación, las víctimas —identificadas como J.C.V. y F.A.A.— trabajaron durante 31 y 25 años respectivamente en condiciones de hacinamiento, sin descanso semanal, vacaciones ni medidas mínimas de seguridad.
El fallo detalla que ambos hombres y sus familias residían en viviendas precarias sin agua potable, electricidad, gas ni sanitarios, obligados a permanecer en la finca para poder cumplir con las tareas de cosecha de caña de azúcar.
Las jornadas laborales alcanzaban las 12 horas diarias, de lunes a lunes, y los salarios percibidos —entre 79.000 y 100.000 pesos en julio de 2023— estaban por debajo del convenio de trabajo y del salario mínimo legal vigente en Argentina.
Además de la sobreexplotación, los trabajadores eran sometidos a sanciones y descuentos arbitrarios en sus haberes, lo que les impedía cubrir necesidades básicas para sus familias. La jueza Catalano concluyó que esta dinámica los redujo a una situación de explotación y extrema pobreza, pese a trabajar sin descanso durante décadas.
En el cálculo de reparación presentado por la acusación, se estimó una deuda histórica de $34,8 millones a favor de F.A.A. y $64,3 millones para J.C.V., considerando salarios de convenio, horas extras, aguinaldos y vacaciones no gozadas, menos lo percibido durante los años de explotación.
Con la confirmación de la acusación, el Tribunal Oral Federal de Jujuy deberá sortear a los jueces que integrarán el tribunal colegiado encargado de llevar adelante el juicio, que pondrá en debate uno de los casos de explotación laboral rural más prolongados de los últimos años en el país.
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