El Sindicato informático exige auditorías a 128 empresas IT por incumplimiento masivo a la Ley de Economía del Conocimiento

La presentación fue promovida por la AGC, el gremio que nuclea a los trabajadores informáticos. Señala que las empresas del sector reciben los beneficios económicos de la Ley de Economía del Conocimiento pero incumplen los deberes de proteger el empleo. Se trataría de un fraude multimillonario.

La Asociación Gremial de Computación presentó una Solicitud de Investigación Sumarial ante el Ministerio de Economía de la Nación, dirigida al Licenciado Luis Caputo, por incumplimiento de la Ley N° 27.506, popularmente conocida como Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

La denuncia no solo es masiva, abarcando 128 empresas, sino que tiene como caso testigo a una de las máximas autoridades del sector. Es que una de las empresas señaladas, QServices, es liderada por Pablo Fiuza, actual presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).

En concreto, la AGC denuncia que estas 128 empresas, incluyendo a la corporación vinculada al presidente de CESSI, están incumpliendo la obligación esencial de mantener y/o incrementar su nómina de personal.

Este requisito, estipulado en el Artículo 4°, apartado III, de la Ley 27.506, es la columna vertebral del régimen. Las empresas reciben beneficios fiscales gigantescos (como la reducción de hasta el 80% de las contribuciones patronales a través del Bono de Crédito Fiscal) bajo la promesa explícita de generar y sostener empleo de calidad.

Las denuncias anteriores de la AGC, que tuvieron un impacto en el Congreso, ya revelaron que corporaciones como Globant utilizaban los subsidios para proteger su caja financiera mientras realizaban despidos masivos.

La Solicitud de Investigación Sumarial es un instrumento legal de alta gravedad que busca determinar la existencia de incumplimientos graves que, según la ley, pueden llevar a dos consecuencias directas:

Decaimiento de Beneficios: Si la reducción de personal excedió los sesenta (60) días, las empresas pierden de pleno derecho su inscripción; Devolución Retroactiva (Clawback): Las empresas podrían ser obligadas a devolver la totalidad del Bono de Crédito Fiscal y los beneficios utilizados desde el inicio del incumplimiento.

La AGC, además, solicitó formalmente a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento las siguientes medidas:

• Auditoría Específica: Iniciar un procedimiento de auditoría a cada una de las 128 empresas.
• Pericia Contable/Revisión Analítica: Solicitar información a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO para cotejar de forma fehaciente las nóminas de personal y la reducción de plantilla.
• Libre Deuda Gremial: Intimar a las empresas a presentar este documento para acreditar el normal cumplimiento de sus obligaciones gremiales, como lo exige la ley.

Según señalan desde la AGC, el objetivo de esta presentación es proteger el empleo genuino y asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.