El sindicato del personal de seguridad UPSRA frenó un intento de fraude laboral en Salta y garantizó el encuadramiento de 14 vigiladores

El gremio UPSRA que conduce a nivel nacional Ángel Alberto García denunció a la empresa Star Servicios Empresarios SRL por intentar modificar el encuadramiento de los vigiladores y regirlos por un convenio ajeno a la actividad. Tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo, se acordó la continuidad laboral, la preservación de la antigüedad y el encuadramiento definitivo bajo el CCT 507/07.

La Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA), conducida por Ángel Alberto García, anunció que su Delegación Orán logró desarticular una maniobra de precarización laboral por parte de la empresa Star Servicios Empresarios SRL y garantizar la continuidad laboral y el encuadramiento de 14 vigiladores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 507/07. La intervención gremial, que contó con el respaldo de asesores letrados, permitió alcanzar un acuerdo ante los representantes de la empresa que preserva los puestos de trabajo y la antigüedad de los empleados afectados.

Según denunció UPSRA, la empresa había intentado modificar intempestivamente el encuadramiento de los vigiladores para regirlos por un convenio colectivo ajeno a la actividad de la seguridad privada. Frente a esta situación, el gremio radicó una denuncia por fraude laboral ante el Ministerio de Trabajo. En la audiencia, los representantes de Star Servicios Empresarios SRL intentaron justificar la medida argumentando la falta de credenciales habilitantes del personal, un planteo que UPSRA rechazó de plano al demostrar que, conforme a la Ley Provincial N.º 7273, la gestión de dicha documentación constituye una obligación administrativa exclusiva de la empresa, omitida al momento de la contratación.

Como resultado de la intervención gremial, se acordó garantizar la continuidad laboral de los 14 vigiladores, preservar sus puestos y antigüedad y establecer su encuadramiento definitivo bajo el CCT 507/07. Además, se activó un mecanismo ante la Autoridad de Aplicación para gestionar las credenciales habilitantes y se fijaron plazos operativos para que la empresa procese los certificados de curso básico y la constancia de alumno regular secundario. Todos los términos del acuerdo fueron homologados por el Ministerio de Trabajo, lo que otorga plena validez legal a lo pactado y blinda a los trabajadores frente a futuros intentos de precarización.

Diego García, Secretario Adjunto de UPSRA, celebró el resultado de la intervención gremial y fue contundente al fijar posición. «Desde UPSRA vamos a seguir defendiendo el convenio colectivo y los derechos de cada trabajador de la seguridad privada. Las obligaciones administrativas de las empresas no pueden convertirse en una excusa para precarizar, modificar encuadramientos o poner en riesgo los puestos de trabajo», sostuvo el dirigente. En el mismo sentido, afirmó: «La estabilidad, la dignidad y el trabajo de la familia de la seguridad privada no se negocian».

Desde UPSRA remarcaron que el cumplimiento de la legislación vigente y de los convenios colectivos no es optativo para las empresas de seguridad, y que las fallas administrativas patronales no pueden utilizarse como excusa para precarizar al personal o vulnerar sus derechos. El caso de los 14 vigiladores de Orán sienta un precedente importante para el sector, al demostrar que la intervención gremial y el respaldo legal de los sindicatos con personería gremial son herramientas fundamentales para garantizar el respeto de los derechos laborales y evitar que las empresas utilicen maniobras administrativas para eludir sus obligaciones.