El Gobierno dejó vencer el decreto que compatibiliza trabajo rural y planes sociales y quedaron 120.000 puestos de trabajo sin certezas

El régimen establecido por el Decreto 514/2021 caducó este 1° de septiembre sin que el ministerio de Capital Humano oficializara su prórroga, pese a que la UATRE ya había solicitado la extensión. “La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, sostuvo Voytenco.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lanzó una alerta urgente tras el vencimiento, este 1° de septiembre, del Decreto 514/2021, que permitía compatibilizar el empleo rural registrado de carácter temporario con el cobro de determinados planes y beneficios sociales. Según el gremio, la falta de prórroga pone en riesgo inmediato a unos 120.000 puestos de trabajo en todo el país, afectando tanto a los trabajadores estacionales como a sus familias, que dependen de esa herramienta para complementar sus ingresos durante los períodos de baja actividad.

El decreto, originalmente sancionado en 2021, fue concebido para eliminar un obstáculo histórico que desalentaba la formalización laboral en el sector: el temor de los trabajadores rurales a perder sus prestaciones sociales si aceptaban un empleo en blanco. La norma es especialmente crucial para las economías regionales, como la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco, donde la mano de obra es intensiva y estacional, y representa cerca del 70% del empleo rural.

Desde el sindicato denunciaron que el pasado 18 de agosto, su secretario general, José Voytenco, remitió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando de manera urgente la extensión del régimen. Sin embargo, hasta el momento del vencimiento, el Gobierno nacional no había respondido ni dispuesto la publicación de la prórroga en el Boletín Oficial, repitiendo la situación de incertidumbre que ya se había vivido el año anterior.

“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, sostuvo Voytenco en el comunicado gremial. La UATRE enfatizó que la discontinuidad del mecanismo genera el efecto contrario al deseado, ya que desalienta la contratación formal, dificulta la cobertura de puestos locales y profundiza la informalidad en un sector que ya enfrenta condiciones de salarios bajos y estacionalidad.

Mientras el gremio reclama una solución inmediata, en el Ministerio de Capital Humano indicaron que la prórroga “se encuentra actualmente dentro del trámite administrativo y no habrá ninguna interrupción en el cobro de la prestación”. No obstante, el sector empresarial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) sostiene que la compatibilidad ya quedó incorporada en la reciente ley de Modernización Laboral, lo que, según su lectura, hace innecesaria una nueva prórroga del decreto, abriendo así un nuevo punto de controversia entre las partes.