El Gobierno avanza en el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana, deja paradas cientos de obras y detona 300 despidos

Más de 300 trabajadores de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU) fueron notificados que sus contratos sólo serán renovados hasta el 28 de este mes y que, a partir del 1 de marzo, quedarán sin trabajo. La decisión implica el desmantelamiento y virtual cierre del organismo encargado de ejecutar la política nacional destinada a los barrios populares y deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país.

El cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana alcanza a equipos técnicos, administrativos y territoriales que planifican, supervisan y auditan proyectos de urbanización, además de relevar a las familias para garantizar el acceso al Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La determinación interrumpe obras de infraestructura básica, procesos administrativos que permiten a miles de familias acreditar su domicilio, evitar desalojos o inscribir a sus hijos en la escuela.

La Secretaría de Integración Sociourbana fue creada en 2018 para implementar la Ley 27.453 y desarrollar políticas integrales en los barrios inscriptos en el RENABAP. Entre 2019 y 2023, se iniciaron más de 1.200 proyectos de urbanización en más de 1.000 barrios de todo el país. Al momento del cambio de gestión, según explicó Página/12 había 734 obras con convenio vigente y un monto proyectado de 560.069 millones de pesos para su finalización. Además, miles de familias accedieron a mejoras habitacionales a través del Programa Mi Pieza.

Hoy, la estructura será degradada de Subsecretaría a Dirección Nacional, lo que supone una reducción de rango institucional, presupuesto y capacidad operativa. La decisión afecta a la única política pública nacional orientada específicamente a los 6.467 barrios populares registrados, donde viven aproximadamente 5 millones de personas.

Desde el inicio de la actual gestión, bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y con Sebastián Pareja al frente del área, el organismo atravesó un proceso sostenido de recortes, no renovación de contratos y caída de convenios.

El impacto inmediato se traduce en 628 obras detenidas en barrios de todo el país y en más de 20.000 lotes con servicios pendientes de adjudicación. También quedan afectados 748 barrios aún no relevados, lo que involucra a 50.970 familias. En paralelo, existen 79.199 solicitudes de encuesta para obtener el Certificado de Vivienda Familiar y 18.964 pedidos de modificación de datos, lo que totaliza 98.163 trámites administrativos que podrían quedar paralizados.

A ello se suman 485 casos de desalojos registrados entre 2017 y 2026, de los cuales 150 permanecen activos y alcanzan a 4.500 familias. Sin el andamiaje técnico y jurídico que articulaba la subsecretaría, los procesos de regularización dominial y defensa territorial quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.

Desde Santa Fe, una trabajadora del área señaló que “desde la asunción de Milei se bajó el rango de secretaría a subsecretaría, recortando personal y presupuesto. Se dejaron de generar obras de cloacas, veredas, playones deportivos, luz y agua en los hogares. Sólo se mantuvieron algunas obras avanzadas”. También advirtió que sin presencia territorial “la Anses no puede emitir el certificado de vivienda familiar, que permite sacar créditos, evitar desalojos o conseguir un trabajo formal”.

El cierre de la estructura no constituye una mera reorganización administrativa. Supone la interrupción de una política que articulaba infraestructura, regularización dominial y generación de empleo local a través de cooperativas.