El gobierno amenaza con vetar la ley anti-despidos

“No es por la vía de la arbitrariedad ni de la imposición que se puede cuidar a los argentinos», dijo el Presidente en relación a la iniciativa de la oposición de suspender los despidos. «No hay que repetir los errores, ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo, lo destruyó», afirmó, en un acto en las puertas de la empresa avícola Cresta Roja, que retomó su producción.

Su conclusión es como mínimo discutible. Ciertamente la recomposición en el empleo que comenzó hacia mediados de 2002, luego de la caída más fuerte de la crisis a comienzos de ese año, no se debió a la medida, pero tampoco contribuyó a su caída, como afirmó ayer Macri.

Tampoco los legisladores se engañan con respecto al alcance de la ley. No se trata de revertir un ciclo económico por ley, pero sí de frenar su más drástica efecto, como lo es la destrucción de empleos.

El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en diálogo con Radio Del Plata, consultado sobre la posibilidad de un veto insistió en la misma idea: «Nosotros queremos poner nuestro foco en la generación de empleo, ahí debe estar nuestra energía, desde el estado, el Sector Privado y también en el Poder legislativo. Nosotros creemos que tenemos que discutir la generación de empleo. El Ejecutivo evaluará el camino a seguir».

Nuevamente, no se trata de cuestiones excluyentes, o al menos así parecen entenderlo los diputados y senadores del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el PJ disidente (el bloque Justicialistas), Progresistas, Proyecto Sur, Libres del Sur y el Frente de Izquierda. De esta manera, la alianza oficialista Cambiemos quedó sola y cosechó su primera derrota en el Congreso.

Todo el arco opositor respaldó en la Cámara de Diputados y en el Senado los dictámenes para declarar la “emergencia laboral” con el objetivo de frenar los despidos en la administración pública y en el ámbito privado como reclamaron ante los legisladores semanas atrás las cinco centrales sindicales.

Ambos proyectos proponen que “los trabajadores podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo” con doble indemnización. Aunque los dictámenes de ambas Cámaras del Parlamento se diferencia en la extensión de la emergencia: los diputados plantearon que la emergencia debía ser retroactiva al 1º de marzo y extenderse hasta diciembre de 2017 mientras los senadores consideraron que el plazo debería ser desde su sanción y sólo por 180 días.

Cambiemos, por su parte, apostó infructuosamente a la estrategia de dilatar los tiempos proponiendo que los ministros de Trabajo y Hacienda, junto con las cámaras empresarias, expusieran ante los legisladores y que la emergencia recién se declarara cuando la desocupación alcanzara los dos dígitos.