El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral y público de los ex jefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por el espionaje ilegal a la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner. El dictamen, además, cuestiona la teoría del «cuentapropismo» y señala otros tipos de víctimas como los sindicalistas. Entre los espiados estuvieron los Moyano, Roberto Baradel, Juan Pablo «Pata» Medina, médicos del hospital Posadas y hasta choferes de la línea 60.
El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral y público de los ex jefes de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en el marco de la única causa que todavía sigue activa sobre el presunto espionaje ilegal. Se trata de la que recayó sobre el Instituto Patria y el domicilio particular de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que las tareas ilegales las habían realizado espías ocasionales que se manejaron a espaldas de la conducción que ejercían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Sin embargo, la aparición del video de la reunión en el Banco Provincia en la que se habló de una “Gestapo sindical” cuyo primer objetivo era el gremialista de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, terminó por malherir el relato del cuentapropismo. Allí estaban tres jerárquicos de la AFI, funcionarios del gobierno de Cambiemos.
Picardi también pidió que la investigación avance hacia eventuales responsabilidades del ex presidente Mauricio Macri, en su calidad de máximo responsable de los servicios de inteligencia y eventual beneficiario de esas tareas supuestamente ilegales.
El fiscal solicitó la elevación a juicio de los casos de Arribas, Majdalani y también de otros dos agentes jerárquicos de la AFI, Martín Coste y Alan Ruiz.
Ruiz es sindicado como uno de los agentes de confianza de Majdalani y supuesto coordinador del grupo conocido como «Súper Mario Bross», al que la Cámara Federal le asignó el carácter de «cuentapropistas» del espionaje ilegal.
Los procesamientos de los cuatro por el espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner quedaron firmes tras un fallo de junio pasado de la Corte Suprema integrada por conjueces.
El dictamen de Picardi propone además «indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente Mauricio Macri».
Si bien el pedido de elevación a juicio abarca solo al caso de la ex presidenta, el dictamen avanza sobre la teoría del «cuentapropismo» y subraya que fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal dirigentes oficialistas, opositores, dirigentes sociales, sindicalistas y hasta clérigos.
«El denominador común de las personas involucradas en calidad de víctimas en las maniobras descriptas ha sido la naturaleza de sus actividades públicas», destaca el documento.
Picardi especuló sobre la eventual existencia de «un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales» por parte de Macri.
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