La iniciativa presentada por Guillermo Michel y Kelly Olmos en la Cámara de Diputados busca actualizar la legislación sobre comercio electrónico para garantizar la trazabilidad de los productos, proteger a los consumidores y combatir la venta de mercadería ingresada de manera irregular, sin generar costos adicionales para quienes compran en plataformas digitales.
El diputado nacional Guillermo Michel, junto a Kelly Olmos, presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de fortalecer la defensa de la industria nacional, proteger el empleo argentino y combatir la competencia desleal generada por la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular al país a través de plataformas digitales.
La iniciativa busca actualizar el marco normativo vigente ante el crecimiento sostenido del comercio electrónico, un sector que en los últimos años ganó protagonismo en la venta de bienes y servicios, pero que, según advierten los autores, opera con regulaciones desactualizadas que dificultan la trazabilidad de los productos y la identificación de los proveedores.
En ese sentido, el proyecto propone modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y al régimen de Lealtad Comercial, incorporando obligaciones específicas para las plataformas de comercio electrónico. Entre los puntos centrales, se establece que las plataformas deberán garantizar información clara, veraz y completa sobre los productos ofrecidos, incluyendo datos fiscales y comerciales de los vendedores, el origen de la mercadería y, en el caso de bienes importados, la documentación que acredite su legítimo ingreso al país.
“El objetivo es evitar que mercadería de contrabando se venda por medios digitales, dándole una apariencia de legalidad que no tiene”, explicaron desde el entorno del legislador. Además, remarcaron que la iniciativa no implicará costos adicionales para los consumidores, sino que les permitirá tener la certeza de que los productos adquiridos son genuinos, seguros y cumplen con la normativa vigente.
Otro aspecto destacado del proyecto es la responsabilidad solidaria de las plataformas digitales frente a eventuales incumplimientos, tanto en materia de defensa del consumidor como en obligaciones tributarias y aduaneras. De esta manera, se busca reforzar los controles y desalentar la comercialización de productos importados sin el pago de los tributos correspondientes.
La propuesta también otorga un rol central a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que podrá requerir información, realizar inspecciones y aplicar sanciones en los casos en que se detecten irregularidades. Las multas previstas pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
En los fundamentos del proyecto, Michel y Olmos subrayan que la normativa apunta a preservar el comercio legítimo, proteger a los consumidores y acompañar a la industria local frente a prácticas desleales que afectan al entramado productivo formal. “Defender la producción nacional y el trabajo argentino también implica adaptar las leyes a las nuevas formas de comercialización”, sostienen.
La iniciativa comenzará ahora su recorrido parlamentario, en un contexto donde el debate sobre el rol de las plataformas digitales, la evasión fiscal y el impacto del contrabando en la economía local cobra cada vez mayor relevancia.
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