Diputados de Unión por la Patria cuestionan la cesión de un edificio de la ex ESMA al Ministerio Público Fiscal

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Ministerio de Justicia sobre la cesión de un edificio de la ex ESMA al Ministerio Público Fiscal y acusan al Gobierno de implementar una política negacionista que amenaza las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Diputados y diputadas del bloque Unión por la Patria (UxP) presentaron este jueves un pedido de informes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que brinde explicaciones sobre la cesión de un edificio ubicado dentro del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) al Ministerio Público Fiscal.

La iniciativa parlamentaria advierte que esta medida forma parte de una política oficial “negacionista” que, según expresan los legisladores, “reivindica el terrorismo de Estado y apunta a desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia que la Argentina ha construido a lo largo de las últimas décadas”.

El pedido fue firmado por Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Juan Marino, Cecilia Moreau, Natalia Zaracho, Mónica Macha, Matías Molle, María Graciela Parola, Daniel Gollán y Paula Penacca. Todos ellos manifestaron su preocupación por lo que consideran un intento del gobierno de Javier Milei de revertir consensos sociales e institucionales en materia de derechos humanos.

En declaraciones públicas, Hugo Yasky —vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja e impulsor del pedido— sostuvo que “lamentablemente, el gobierno de Milei tomó por costumbre una política de provocación y negacionismo que busca desandar un camino que la sociedad argentina recorrió con mucho esfuerzo para convertirse en un ejemplo mundial de lucha contra el terrorismo de Estado”.

El legislador enfatizó que “ese camino, iniciado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, nos lleva a estar alertas en la defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

El pedido de informes también hace referencia al contexto de despidos masivos en el Estado nacional, que —según denuncian— han afectado especialmente a las áreas vinculadas a derechos humanos, reforzando la sospecha de un desmantelamiento deliberado de las estructuras institucionales dedicadas a preservar la memoria histórica de los crímenes de la última dictadura militar.

2810-D-2025