jueves, octubre 6

Denuncian a funcionarios de la Superintendencia y al ex interventor de la Obra Social de azucareros por la compra de un inmueble, una obra que se pagó y no se hizo y una dudosa facturación multimillonaria

La denuncia fue presentada en la justicia penal por Juan Correa, nuevo titular de la Obra Social de los azucareros. Acusa a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud y al ex interventor, José Leguizamón, de instrumentar una multimillonaria compra de medicamentos, que dejó más de 18 millones de pesos de deuda, y la adquisición de un inmueble, cuya obra se pagó pero nunca se hizo.

El titular de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA), Juan Correa presentó una denuncia penal en la que acusa al ex interventor de la institución, José «Pita» Leguizamón, y a funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de conformar una asociación ilícita. Los señala por promover administración infiel y perjudicar el patrimonio de los azucareros. 

En el escrito, al que tuvo acceso InfoGremiales y que ya está en sede judicial, Correa dice haber descubierto una «gran cantidad de irregularidades realizadas durante su gestión el entonces Administrador Provisorio».

Entre ellos describe la adquisición, en nombre de la Obra Social, de un inmueble ubicado en San Miguel De Tucumán por 12 millones de pesos. «Cabe destacar que el inmueble de referencia fue adquirido en un pésimo estado de conservación, con el aparente objetivo de proceder a su acondicionamiento y puesta en valor».

«Al día de la fecha, más de dos años después de su poco útil adquisición, el inmueble permanece en el mismo estado más allá de los gastos para remodelarlo que fueran pasados por el Sr. Leguizamón», remarca.

Además describió que la propiedad le generó a los azucareros «gastos astronómicos de mantenimiento».

Por otro lado, presentó un informe en el que muestra que, sólo en Farmacia, se registraron gastos de 18 millones de pesos en medicamentos, cuando la recaudación total de la Obra Social apenas alcanza los 20 millones de pesos.

«A raíz de semejante desmanejo, se ordenó la realización de una pormenorizada y detallada auditoría interna la cual aún no ha finalizado», explica Correa.

También detalla que Leguizamón se quedó con las claves de las redes sociales pertenecientes a la institución y que borró todos los datos de Centros Médicos, Clínicas y Sanatorios, etc. que se encontraban ingresados en el sitio web oficial de la Obra Social afectando actividades como Programas de Prevención Bucal, Plan Materno Infantil, Provisión de Leche y Emergencias Médicas, entre otros.

«La gran cantidad de actos infieles que ha realizado a lo largo de su gestión como Administrador Provisorio de la Obra Social, los cuales no pudieron ser realizados sin la connivencia de las funcionarias que debían controlarlo», dispara el escrito judicial.