El Sindicato de Comercio denunció que AUSA despidió a cinco trabajadores. Estas cesantías violan el acuerdo de reconversión laboral firmado en 2017 con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa que funcionó bien para unos 550 casos, hasta ahora. Todavía restan otros 57 trabajadores para reubicar a partir de la implementación del sistema de peajes sin barreras. Un delegado del gremio advirtió sobre el impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el empleo.
La decisión de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) de despedir a cinco trabajadores de las áreas de sistemas y electrónica desató un conflicto gremial en la antesala del fin de semana largo. Desde la representación sindical sostienen que las cesantías violan un acuerdo firmado con la empresa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantizaba la continuidad laboral en el marco del proceso de modernización tecnológica del sistema de peajes.
El delegado gremial Oscar Raynoldi, del Sindicato de Empleados de Comercio, aseguró a InfoGremiales que los despidos generan preocupación no sólo por los casos puntuales sino también por el precedente que podrían sentar: “Nos preocupa, no sólo por los cinco despidos sino por lo que pudiera venir hacia adelante. Porque lo novedoso de este caso es ese concepto de «garantía de empleabilidad» que prácticamente no existe. Se habla mucho al respecto, del impacto que puede tener la tecnología y nadie ha hecho acuerdos como este, con este concepto innovador”. Según explicó, el acuerdo firmado en 2017 contemplaba este punto para la reconversión y reubicación del personal ante la implementación del sistema de pago electrónico y otras soluciones digitales.
De acuerdo con el dirigente, ese compromiso permitió hasta ahora la reubicación de más de 550 trabajadores en distintas áreas, aunque todavía resta completar el proceso con 57 empleados de los peajes de la Autopista Dellepiane. En ese marco, consideró que los despidos representan un incumplimiento del entendimiento alcanzado y advirtió sobre el impacto que puede tener la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en la organización del trabajo.
“La discusión de fondo es cuáles son los límites éticos y laborales en la aplicación de la tecnología y si se utiliza para reemplazar trabajadores o para mejorar sus condiciones laborales”, señaló Raynoldi, quien además remarcó que, a diferencia de lo que suele suponerse, la automatización comienza a afectar también a trabajadores calificados y no únicamente a los de menor especialización.
El conflicto se formalizó el 30 de marzo, cuando la comisión gremial interna denunció que la empresa había anunciado su intención de avanzar con desvinculaciones bajo el argumento de necesidades de ajuste, una justificación que el sindicato rechazó. En ese mismo comunicado, los representantes de los trabajadores informaron que notificaron la situación a la Secretaría de Trabajo porteña y advirtieron sobre la posibilidad de adoptar medidas de fuerza para defender los puestos laborales.
Al día siguiente, Raynoldi presentó una denuncia formal de conflicto colectivo ante la autoridad laboral para exigir la convocatoria urgente a una audiencia con la empresa. En su presentación, sostuvo que los despidos sin causa constituyen un grave incumplimiento del acuerdo Free Flow oportunamente homologado y solicitó la intervención oficial para encauzar la disputa.
La tensión escaló el 1 de abril, cuando los trabajadores anunciaron un paro de actividades en reclamo por la reincorporación de los despedidos. La medida incluyó la interrupción de la atención al público y la realización de guardias mínimas, además de una protesta ante la Secretaría de Trabajo. Desde el gremio advirtieron que continuarán en estado de alerta mientras esperan una respuesta de la empresa y de las autoridades.
El conflicto pone nuevamente en debate el impacto de la automatización en el empleo y la efectividad de los acuerdos de reconversión laboral como herramienta para evitar despidos en contextos de transformación tecnológica.






