¿Con las Ganancias de quién?

Por Pablo Flores, secretario General de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP).

El 28 de septiembre del año pasado se aprobó la Ley 27.725 que modificó la forma de liquidación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias; es decir, los sueldos de los trabajadores activos, jubilaciones y pensiones alcanzadas por el Impuesto: de esta manera, la nueva normativa hizo realidad un viejo anhelo de todas las organizaciones sindicales que hace más de 10 años veníamos peleando contra el impuesto a los salarios; medida que permitió que casi un millón de trabajadores dejaron de tributarlo.

Desde AEFIP siempre planteamos que el salario de un trabajador no es ganancia pero además desde el 2017 cualquier empresa que tenga ingresos netos hasta 77 millones de pesos tributa al día de hoy al 25%; mientras que los trabajadores que quedábamos alcanzados por el impuesto lo hacíamos directamente al máximo de la tabla; es decir 35%. Es vergonzoso: ¿Cuántos trabajadores pueden ganar esa suma? No obstante, nos sacan el 35% que es el mismo porcentual que liquidan por ese tributo las grandes empresas que ganan por encima de esos 77 millones limpios.

Por eso queremos que continúe el actual esquema de alcance de 180 salarios mínimos anuales, 15 por mes como única deducción. No obstante, hay que discutir un camino de convergencia con las alícuotas que pagan las empresas. Los trabajadores que siguen entrando al impuesto van al 35%, por lo que no hay progresividad alguna. Y los salarios no pueden pagar más que las empresas que pagan el 25%. No digo todo este año, pero habría que trazar un camino que nos vaya equiparando con los empresarios.

Ante la nueva propuesta de algunos diputados que han planteado un proyecto a las ganancias de las grandes empresas, planteo que todos los proyectos son muy buenos y que nuestro gremio ha tenido al menos tres en estos años hasta que salió el que actualmente está vigente. Apoyamos todas las iniciativas. Creemos que hay mucho para discutir, pero las soluciones concretas van a salir de una Mesa -por lo menos tripartita- que nos junte a los trabajadores, las empresas y al Estado regulando, arbitrando, para ver qué ponemos cada uno en la mesa del desarrollo. 

Se habla del costo salarial, bien: no tenemos problema en discutir ese costo, discutamos el tributario también, pero sobre todo el financiero, que para nosotros es el más caro de todos. No se sale rebajando salarios o quitando derechos. Además, ¿Cuánto más quieren licuar los salarios? Ya tenemos el sueldo más bajo de la región, menos que muchos asiáticos. Para paliar la malaria económica de los más pobres, lo nuevo es el voucher educativo de 24 mil pesos. Ser pobre es ganar por debajo de 1.400.000 pesos, pero por el otro lado con ese ingreso te quieren sacar 160 mil pesos de Ganancias porque ganás mucho; entonces ¿en qué quedamos? 

Las propuestas no son serias, tienen que dejar de improvisar y sentarnos todas las partes del mundo productivo porque esto no es una cuestión solo de los ingresos del Estado. La discusión de fondo es el sistema tributario. Durante la campaña electoral -previa al triunfo de Javier Milei- se debatió la cuestión impositiva. El candidato Sergio Massa impulsó la modificación de Ganancias, estableció la devolución del IVA y planteó discutir el famoso Gasto Tributario que son 2,5 puntos del PBI en el presupuesto 2023; básicamente un conjunto de exenciones impositivas que se otorgan a diferentes sectores. Allí está por ejemplo la ley del Conocimiento que utilizan empresas que de ningún modo tienen como actividad principal la programación de software.

También se pueden analizar bajo la luz de la experiencia histórica las sucesivas reducciones de contribuciones patronales. En 1991, con la Ley de Empleo, el Pacto federal del 93 y por Decreto en el 95, todas en un creciente e imparable desempleo que caracterizó los 90. Mauricio Macri también avanzó en el 2017 con la misma idea estableciendo un mínimo no imponible a las contribuciones. Nadie ha demostrado el real aporte de cada una de esas medidas a la generación de empleo, pero sí sabemos que son una de las causantes del paulatino desfinanciamiento de la seguridad social. Además, el sistema tributario argentino está basado en el consumo y los salarios, pero la actual política económica disminuye abruptamente ambas variables, lo cual atenta directamente con el pretendido déficit cero, una trampa auto infringida en la que cayeron tanto el menemismo como el gobierno de la Alianza.

El Gobierno propone retrotraer el esquema de tributación de la cuarta categoría a su estado anterior, lo cual sumará al menos un millón de trabajadores más al impuesto; y además multiplicará en varias veces el monto que los trabajadores actualmente alcanzados están pagando. Siendo un tributo anual, de aprobarse la Ley el impuesto se calculará todo junto sobre los ingresos ya cobrados desde enero hasta el momento en que se sancione. Un golpe tremendo. Si a esto se le suma la falta de paritarias y el proceso inflacionario, millones de familias de clase media quedarán en una situación muy crítica.

La difícil situación en las provincias y el pretendido Pacto de Mayo parece ser el escenario donde el Gobierno intentará pasar su paquete tributario buscando el apoyo de gobiernos provinciales. Está en discusión también el Impuesto PAIS que este año puede llegar a ser 1,5% del PBI. El tributo vence en diciembre del 2024 así que debe discutirse sí o sí en el Congreso. No es coparticipable y el Gobierno pretende quedarse con el 100% de la recaudación. ¿Qué dirán las provincias? Mucho se está hablando en estos días del “costo argentino” haciendo referencia al costo salarial, pero debería integrarse la discusión con todos los costos, el fiscal, el financiero y sin duda el margen de ganancias de las grandes empresas de bienes y servicios, y de consumo masivo, que no paran de remarcar y cuyos ejercicios fiscales muestran fabulosos resultados.