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"La ATE y sus jubilados denuncian la privatización del PAMI y la existencia de un conflicto de intereses a partir de la Resolución 956/17 de la intervención, que creó esa Fundación y avanzó en una reforma estructural, en abierta violación de la ley vigente y de la propia Constitución, lo que afecta su modelo prestacional, su organización laboral, su encuadramiento sindical y, en especial, la calidad de las prestaciones", puntualizaron. Hugo Godoy, titular nacional del gremio, sostuvo que el propio Estado a través de esa intervención desconoce "la naturaleza de persona pública no estatal del instituto, dispone y arriesga su patrimonio, la organización administrativa y laboral -como si fuese propio- y adopta decisiones que exceden sus facultades, en desmedro de sus legítimos administrador...