ATE acordó con el Gobierno la reincorporación de los empleados despedidos de Olivos, pero serán reubicados fuera de la Quinta

Tras el escándalo por los doce despidos en la residencia presidencial de Olivos, el gremio ATE confirmó un acuerdo para que los trabajadores vuelvan a sus puestos, aunque serán reasignados en la Casa Rosada y en oficinas de Presidencia. La medida no revierte el traspaso del control del predio a la Casa Militar.

El Gobierno nacional acordó reincorporar a los trabajadores civiles que fueron despedidos la semana pasada de la Quinta de Olivos, en el marco de una reestructuración que derivó en una crisis interna y un escándalo político. Según confirmó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la decisión fue alcanzada tras negociaciones entre funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, y representantes del gremio. Los doce empleados cesanteados serán reubicados fuera de la residencia presidencial, en dependencias de la Casa Rosada y en las oficinas de Presidencia ubicadas sobre la calle 25 de Mayo al 600.

La reincorporación no modifica el esquema de fondo dispuesto por el Ejecutivo: la Casa Militar mantendrá el control integral de la seguridad, la administración y los bienes de la Quinta de Olivos, un traspaso que deberá completarse en un plazo máximo de 60 días. Desde ATE señalaron que aún restan completar trámites administrativos para formalizar la medida, que fue celebrada por el gremio como un logro de la organización colectiva.

La crisis se originó la semana pasada cuando el Gobierno dispuso el desplazamiento del personal civil de Olivos, integrado por administrativos, cocineros, jardineros y personal de limpieza. Las versiones sobre los motivos fueron múltiples: desde supuestas filtraciones de información privada del Presidente y reuniones nocturnas no vinculadas a su función, hasta irregularidades en la compra de 29 toneladas de productos cárnicos para abastecer el predio. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia judicial contra Karina Milei, Belén Agudiez y el exintendente Osvaldo Sosa por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a un emprendimiento de catering y al desvío de mercadería.

En paralelo, el Gobierno oficializó la renuncia de María Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei y hasta entonces subsecretaria de Planificación General, mediante el Decreto 1055/2026. Su salida se produjo días después de la expulsión de su cuñado, Osvaldo Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos. El coronel Fernando Tereso, número dos de la Casa Militar, quedó a cargo de la reorganización del predio.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió por un “proceso creciente de militarización del Gobierno” y denunció que “todas las vacantes en el Estado comienzan a ser cubiertas por militares”. La diputada Pagano, por su parte, sostuvo que el despido masivo sirvió para “tapar” el verdadero motivo del desplazamiento de Sosa, quien se encuentra bajo diversas acusaciones.

Con la reincorporación acordada, los trabajadores conservarán sus puestos pero no volverán a la residencia presidencial. La medida busca cerrar un conflicto que escaló en pocos días y que dejó al descubierto las tensiones internas en el círculo más cercano al Presidente, mientras la Casa Militar avanza en la toma de control de uno de los predios más sensibles del Estado nacional.