Aprueban la Ley y Tierra del Fuego se convierte en la cuarta provincia en promover la Inclusión Laboral para Víctimas de Trata

La Ley de Inclusión Laboral para Víctimas de Trata se aprobó en la Legislatura de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur por unanimidad, creando un programa de inclusión laboral para personas víctimas de trata y explotación en todas sus formas.

La ley plantea la creación del «Programa de Inclusión Laboral de las Personas Víctimas del Delito de Trata» que busca que las personas físicas o jurídicas que contraten como empleado a una víctima de trata sean «beneficiadas mediante el reintegro de las cargas sociales de cada empleado durante un período de un año, que podrá ser prorrogado por seis meses por única vez».

Estarán obligados a cumplir con dicho fin la administración centralizada provincial, los organismos descentralizados y/o autárquicos, las empresas del Estado y las concesionarias de servicios públicos a «priorizar a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, la compra de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas bajo este programa».

Para el financiamiento del Programa se aplicarán los fondos provenientes del Seguro de Capacitación y Empleo, se detalló desde el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas.

Asimismo, se dispone su efectivización por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia, el que deberá garantizar capacitación laboral remunerada a las personas que acrediten que la falta de antecedentes laborales y/o educativos les impiden acceder a los derechos reconocidos por este proyecto.

Tierra del Fuego es la cuarta provincia junto a Catamarca, Chaco y Salta que votaron normas similares.

Además, proyectos de iguales características se encuentran en estado parlamentario en las provincias de Jujuy, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro.

A nivel municipal, este año se han aprobado ocho ordenanzas de cupo laboral en las ciudades de Libertador San Martín (Jujuy), Posadas (Misiones), San Francisco del Chañar (Neuquén), y en las localidades salteñas de Ballivian, Rivadavia Banda Sur, Rosario La Frontera, Cachi y Aguas Blancas.

Con las sancionadas durante el 2023, ya suman un total de 52 ordenanzas de cupo laboral desde el año 2020.

El director del Comité, Gustavo Vera, fue invitado en noviembre pasado para el tratamiento del proyecto, presentado por el legislador Emmanuel Trentino de Unidos por el Pueblo; la presidenta de la Comisión permanente Nro.5 de «Acción Social. Familia y Minoridad. Salud Pública. Deportes y Recreación. Vivienda. Tierras Fiscales. Asistencia. Previsión Social y Trabajo»; y la legisladora Mónica Acosta.

El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas impulsa desde el año 2020 la promoción de normas de cupo laboral en coordinación con las provincias y municipios.

El «Programa de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para los afectados por los delitos de trata y explotación de personas (Reparar)» fue creado en 2021 por el Estado Nacional, bajo la órbita del entonces Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.

El mismo se propone reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas de trata, a través del fortalecimiento o adquisición de competencias laborales, y consiste en una capacitación integral para la inserción laboral y establece una asignación dineraria básica no remunerativa por hasta 12 meses.