La seccional Río Grande de la UOM y el Grupo Mirgor formalizaron un convenio que autoriza suspensiones de hasta 15 días por mes, con una quita del 25% sobre el salario diario, y establece severas restricciones a la actividad gremial dentro de las plantas. El acuerdo, que rige hasta diciembre de 2026, excluye del plus anual al personal que no avaló el acta. Polémica por un acuerdo que prioriza la conservación del empleo, logró evitar el «banco de horas» pero cambia profundamente las condiciones de trabajo.
En medio del complejo escenario que atraviesa la industria electrónica y autopartista en Tierra del Fuego, la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Grupo Mirgor formalizaron ante la Secretaría de Trabajo provincial un acuerdo que introduce cambios profundos en el régimen laboral de los operarios.
El convenio, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, faculta a las firmas de la corporación a disponer suspensiones laborales de hasta 15 días por mes por trabajador. Por cada jornada no trabajada, el personal percibirá una suma no remunerativa equivalente al 75% del salario diario neto, lo que implica una quita directa del 25% sobre sus ingresos habituales durante los días de inactividad, según consignó Cuestion Entrerriana.
El pacto también incluye la liquidación de un Premio Anual fijado en $3.300.000, del cual se descuenta un adelanto previo de $180.000, dejando un monto neto de $3.120.000 por trabajador. Sin embargo, la percepción de esta suma está atada a estrictos parámetros de productividad, presentismo y días efectivamente trabajados, y se liquidará un 90% en dinero en efectivo y el 10% restante mediante la entrega de productos. El esquema de pagos contempla un desembolso inicial de $1.000.000 para el 15 de octubre y el saldo de $2.120.000 para el 31 de diciembre de 2026.
El capítulo más polémico del convenio está centrado en las cláusulas de paz social y las severas restricciones impuestas al ejercicio del derecho a la protesta en los establecimientos fabriles. El texto fija la «esencialidad» de la producción automotriz y compromete a la comisión interna y al personal a evitar cualquier medida de fuerza que interrumpa la línea de montaje, encauzando los reclamos de forma exclusiva a través de mesas de diálogo prescriptas.

En cuanto a la dinámica gremial, el acuerdo impone un marco normativo estricto: se autoriza la realización de una sola asamblea por mes, con una extensión máxima de 20 minutos, que debe notificarse con 24 horas de antelación y desarrollarse únicamente al comienzo o al cierre del turno de trabajo. Bajo el régimen disciplinario pactado, cualquier incumplimiento de estas pautas habilitará a la empresa a aplicar sanciones disciplinarias sobre los involucrados. El entendimiento también contempla esquemas de retiros voluntarios y la unificación de la representación mediante una Comisión Interna Gremial Única, aunque la patronal no logró incorporar su pretensión de crear un «Banco de Horas».
El tramo final de la negociación no estuvo exento de conflictos internos. Según el artículo, el plus anual excluye al personal que no avaló el acta, lo que profundiza la fractura entre los trabajadores que aceptaron el acuerdo y quienes lo rechazaron.
Esta división se produce en un contexto de fuerte presión patronal y de un mercado laboral fueguino que acumula más de 3.000 despidos en poco más de un año, con fábricas operando al 40% de su capacidad y un derrumbe del empleo electrónico que, entre diciembre de 2024 y abril de 2026, alcanzó una reducción del 32,8%.
El acuerdo entre la UOM y Mirgor se enmarca en una estrategia más amplia de flexibilización laboral que el Gobierno nacional impulsa a través de la reforma laboral y que las empresas buscan aplicar en el sector industrial. Mientras la industria fueguina pierde empleos a un ritmo acelerado y las plantas reducen sus turnos, los operarios enfrentan un escenario de pérdida de poder adquisitivo, restricciones a la organización sindical y una creciente precarización de sus condiciones de trabajo. El convenio firmado en Río Grande es, en los hechos, una demostración de cómo el ajuste se traslada directamente a los bolsillos y a los derechos de los trabajadores fabriles.




