Siendo ya el primer día hábil del año. muchos y muchas estatales dependientes de Nación están afrontando su despido. El decreto que oficializaba la medida permitía estimar la pérdida de unos 7.000 puestos de trabajo y algunos se empezaron a oficializar a la mañana. Se esperan más.
En el marco de su plan de ajuste, el Gobierno oficializó el 26 de diciembre la baja de los contratos de los empleados públicos que ingresaron en 2023. Con la firma del presidente Javier Milei fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 . En el texto se especificó que además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de 2023.
En efecto, el artículo 1° establece que «las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas».
De esta forma, esta mañana en el ex ministerio de Trabajo ya se contabilizaron 120 desvinculaciones. Allí ATE Trabajo estableció el Estado de Asamblea Permanente y están buscando canales de negociación.
En el Ministerio de Economía por ahora cuentan unos 70 despidos entre monotributistas y de las categorías con más bajos salarios. Hay presencia policial. En Desarrollo Territorial y Hábitat también hubo protestas.
Desde ATE Capital informaron que ya cuentan unos 350 despidos en Producción, 40 en Agroindustria y unos 100 más en Cancillería.
Entre los dependientes del ex ministerio de Cultura, se cuentan unos 182 que hoy los dejaron entrar pero figuran como «Observados». Del INCAA ya cuentan otros 50 despidos. En Tecnópolis hubo despidos pero todavía no hay números. En el ex ministerio de Educación no hubo novedades.
La conducción nacional de ATE a una reunión extraordinaria con el objetivo de evaluar las denuncias de despidos y las medidas de ajuste sobre el sector público, según informó el sindicato en un comunicado. El encuentro está programado desde las 16 en el Hotel Quagliaro donde el gremio analizará “denuncias sobre cientos de cesantías, sanciones y traslados compulsivos”, además de “considerar la convocatoria realizada por las centrales obreras para el 24 de enero”.
”Sin que existan causas justificadas y violentando todas las normas dejan en la calle a miles de familias”, apuntó el secretario general, Rodolfo Aguiar, y agregó: “No descartamos determinar medidas de acción directas”.
“Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de este 2024″, señaló el dirigente.
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