jueves, octubre 6

Aguiar: “El Gobierno en lugar de sancionar, beneficia a los especuladores con el Dólar Agro”

El secretario adjunto de ATE Rodolfo Aguiar criticó la medida que tomó Casa Rosada de ofrecer un tipo de cambio superior al oficial para tentarlos a liquidar los granos que tienen acumulados. “Se debe aplicar la Ley de Abastecimiento y penalizar severamente a quienes mantienen la producción guardada”, exigió.

Luego de que el Gobierno lanzara un incentivo cambiario para que los productores de soja vendan el stock que guardaron por la especulación financiera, el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, consideró que “están beneficiando a quienes presionaron por la devaluación en lugar de aplicar sanciones severas” y exigió que “se aplique la Ley de Abastecimiento”.

“Si algo nos demostró la pandemia es que en los momentos de crisis hay un reducido sector de la sociedad, el que conserva las mayores riquezas, que actúa constantemente contra los intereses del pueblo. Aquellos que hicieron presión para que nuestra moneda se devalúe y así vender a un precio más alto deben recibir multas muy duras por el daño que le causan a nuestra economía”, señaló el dirigente. Se calcula que hay 24 millones de toneladas de soja guardadas intencionalmente en silobolsas, que traducirían en 11 mil millones de dólares pendientes de liquidación.

En este sentido, Aguiar indicó que “el Gobierno actúa como si el campo fuera el sector más perjudicado en el contexto actual, pero no le presta atención a los trabajadores y jubilados que se encuentran altamente endeudados por no poder llegar a fin de mes”. Según el Indec, el ingreso medio en Argentina es de $64.755, mientras que el costo de la Canasta Básica para que una familia tipo no sea pobre es de $104.217.

“Si realmente quieren tomar medidas efectivas, deben aplicar la Ley de Abastecimiento y evaluar hasta la confiscación en aquellos casos que exista sobrada prueba de producción guardada con fines especulativos. Sólo así cortarán con la cadena devaluatoria y de inflación acelerada”, sentenció. Esta norma permite al Gobierno intervenir y regular la actividad de las empresas productoras de alimentos.