La planta Chimagro que fabrica herbicidas, adquirida por el Grupo Surcos hace más de una década, detuvo su producción tras meses de sueldos en cuotas, aguinaldos fraccionados y aportes descontados que no se depositan. Los operarios denuncian intentos de vaciamiento y una oferta de retiro voluntario del 50% en 10 cuotas, mientras la empresa obtiene prórrogas judiciales para negociar una deuda de más de US$70 millones.
La crisis que atraviesa el Grupo Surcos desde fines de 2024, cuando un compromiso de US$500.000 la dejó en default, comenzó a derramarse con fuerza sobre su eslabón productivo en el sur del conurbano bonaerense. La fábrica de Chimagro SA, ubicada en Florencio Varela y dedicada a la producción de herbicidas para exportación a Uruguay, Paraguay y Bolivia, se encuentra paralizada desde la semana pasada por decisión de sus 44 trabajadores, quienes denuncian vaciamiento, falta de respuestas y una situación salarial insostenible, según informó Bichos de Campo.
El delegado de la planta, Mariano Ayunta, describió el deterioro progresivo de las condiciones laborales. “Veníamos trabajando muy bien hasta noviembre del 2024. Teníamos turnos hasta los domingos y feriados, y de un día para el otro se cortó”, relató.
Desde entonces, la empresa comenzó a pagar los sueldos en cuotas, hace cuatro meses que lo hace de esta manera, y el último aguinaldo se dividió en seis pagos. La gota que rebalsó el vaso fue la falta de novedades sobre la quincena: “Teníamos la promesa de que íbamos a cobrar, pero nada”, sostuvo el dirigente.
La paralización de la planta también responde a una denuncia de intento de vaciamiento que subió la temperatura del conflicto. “Nos enteramos que estuvieron amenazando a los camioneros para que vinieran a buscar la materia prima de noche, cuando no hay nadie en planta, para que se lleven lo poco que hay”, aseguró Ayunta.
La misma acusación fue realizada por los trabajadores de la planta de Recreo, en Santa Fe, donde se concentra la producción de insecticidas y donde también avanzan los retiros voluntarios.
El contexto judicial agrava la incertidumbre. La Justicia santafesina otorgó una nueva prórroga de 90 días hábiles para que Surcos negocie sus deudas concursales de más de US$70 millones, con fecha límite al 8 de abril de 2027.
Para los trabajadores, esta dilatación es parte de una estrategia empresarial: “Con las prórrogas que obtienen ellos van dilatando el tema y, mientras tanto, especulan con nosotros. Somos los castigados”. En las audiencias ante el Ministerio de Trabajo provincial, la empresa ofrece retiros voluntarios con el 50% de la retribución en un plazo mínimo de 10 cuotas, una propuesta que los operarios rechazan.
La planta de Chimagro es una pata clave en la operación de Surcos, y los propios trabajadores descreen que el objetivo sea cerrarla definitivamente. “Quieren sacarnos beneficios y fuerza colectiva. Quieren apretar a la gente para que se vaya con la menor cantidad de plata posible y seguir trabajando”, expresó Ayunta. La mayoría de los 44 empleados tiene más de 30 años de antigüedad, y la empresa ya no cuenta con personal de recursos humanos ni de administración en el lugar, dejando a los operarios sin interlocutores válidos.
Hasta hace pocos días, la planta trabajaba entre dos y tres días a la semana, con una producción de entre 20.000 y 30.000 litros por jornada. Hoy, la maquinaria está detenida y los trabajadores se turnan para resguardar las instalaciones y evitar que se lleven la materia prima. La empresa, que sigue operativa pero con una facturación en fuerte caída, no da señales de una salida.
“Hasta ahora intentamos que esto se solucione de la mejor manera, poniendo el hombro siempre nosotros, pero de parte de la empresa no dan señales de que esto tenga una salida”, concluyó el delegado, mientras los 44 trabajadores de Florencio Varela esperan que la conducción de Surcos regularice los pagos y reactive la producción.
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