Remiseros fueron al Congreso y Alejandro Poli le exigió a Uber y DiDi «pagar impuestos y registrar trabajadores»

El titular de la Federación Argentina de Trabajadores Remiseros reclamó en Diputados una ley nacional, un registro de agencias y choferes y controles efectivos sobre el transporte por aplicaciones. En el debate sobre Uber, DiDi y Cabify, defendió el convenio colectivo, la seguridad social y el derecho de los remiseros a trabajar con reglas claras.

La Federación Argentina de Trabajadores Remiseros (FAREM) llevó a la Cámara de Diputados la defensa del empleo y los derechos laborales de los choferes de remises. Su secretario general, Alejandro Poli, expuso ante un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, donde reclamó una ley nacional que ordene la actividad y garantice controles sobre el transporte de pasajeros mediante aplicaciones.

La reunión informativa, encabezada por los diputados Juan Fernando Brügge y Pablo Farías, de Provincias Unidas, reunió a representantes sindicales y empresarios para abordar la situación del sector en las distintas regiones del país. Allí, Alejandro Poli de FAREM planteó que la discusión sobre Uber, DiDi y Cabify debe contemplar los derechos de los trabajadores, las obligaciones de las empresas y la seguridad de los pasajeros.

«Acá tienen que pagar impuestos, registrar trabajadores y ponerse a disposición de lo que le pertenece a nuestro pueblo, que es así como nosotros pagamos impuestos. Y nosotros cumplimos la ley, creemos y queremos que ellos hagan lo mismo», sostuvo el titular de FAREM.

Poli explicó que la convivencia de regulaciones municipales diferentes genera dificultades para los remiseros que trasladan pasajeros entre jurisdicciones. Advirtió que los choferes quedan expuestos a controles y exigencias que cambian de una ciudad a otra, sin un marco nacional que ordene esa situación.

Desde FAREM, propuso que el Congreso avance con una herramienta que contemple tanto a los trabajadores como a las agencias y permita establecer condiciones claras para las plataformas.

«Entonces esta actividad que genera tanto empleo, necesitamos que se regule el marco a nivel nacional para que nosotros desde la actividad, tanto los empresarios como los trabajadores, tengamos la herramienta para poder enfrentar a las aplicaciones que vengan a cumplir lo que dice nuestra ley», expresó.

El dirigente recordó que los remiseros y los empresarios del sector construyeron durante años mecanismos de organización con los municipios. El planteo llevado a Diputados busca dar alcance nacional a ese ordenamiento y evitar que las condiciones para trabajar dependan exclusivamente de decisiones locales.

Uno de los puntos centrales de la exposición de Alejandro Poli fue la creación de un registro nacional de la actividad remisera, con participación de las provincias y los municipios. La propuesta busca identificar a las agencias, conocer quiénes son los titulares de los vehículos y distinguirlos de los choferes que trabajan para terceros.

«Por eso nosotros necesitamos un registro nacional donde estén inscritas las agencias de remis y donde estén inscritos todos los trabajadores que adhieran las provincias y los municipios para que nosotros podamos saber quiénes son los titulares de autos y cuáles son los choferes», explicó.

El secretario general de FAREM vinculó esa necesidad con las modalidades de alquiler de vehículos utilizadas para trabajar mediante Uber y DiDi. Según advirtió, algunos de esos acuerdos encubren situaciones de explotación laboral. También señaló que la organización intervino para conseguir el reconocimiento de trabajadores bajo esas condiciones.

«Le dicen que se los alquilan en una forma de explotación encubierta, que nosotros hemos conseguido un dictamen y hemos logrado un fallo por los trabajadores en los cuales los hemos registrado», afirmó.

Para la Federación, identificar esas relaciones resulta fundamental para que los choferes puedan acceder a los derechos que corresponden a su trabajo.

Durante su intervención, Poli reivindicó el proceso de organización sindical y negociación colectiva construido por los remiseros. Recordó que ese recorrido permitió establecer un convenio con alcance nacional junto con la representación empresarial.

«En el 2012 hicimos el primer convenio colectivo de trabajo con los empresarios y desde el 2012 hemos avanzado en el 2015 con la federación y hemos hecho un convenio colectivo que se aplica en todo el territorio argentino», señaló.

El dirigente explicó que la actividad comprende distintas situaciones: empresarios, propietarios que conducen sus propios vehículos, titulares que contratan choferes y trabajadores en relación de dependencia. Desde ese reconocimiento, defendió la aplicación del convenio y el acceso a la seguridad social.

«Entonces nosotros tenemos en esta actividad bien separados los empresarios, los dueños de autos, los dueños de autos que tienen chofer, y nosotros que somos los choferes. Por eso tenemos un convenio, tenemos la obra social, tenemos el seguro de vida, tenemos todo lo que tiene que tener un trabajador», remarcó.

La defensa de las vacaciones, el aguinaldo, el salario y la cobertura de salud atravesó la exposición del titular de FAREM, quien reclamó que la expansión del transporte por aplicaciones respete los derechos conquistados por los remiseros.

Al abordar el funcionamiento de Uber, DiDi y Cabify, Poli sostuvo que la incorporación de tecnología no modifica la necesidad de cumplir las obligaciones correspondientes al transporte de pasajeros.

«Entonces, si viene una aplicación de afuera y hace traslado de persona, llamado por teléfono, por aplicaciones, es remis. No hay que hacerle nada especial. Lo que hay que hacer es ordenar y que cumplan las leyes de la Argentina», afirmó.

En ese punto, diferenció a Cabify por la inscripción fiscal y la apertura de una agencia de remis que, según expuso, realizó en la Argentina. A partir de esa comparación, cuestionó a Uber y DiDi y les reclamó inscripción fiscal, sedes identificables y responsabilidad sobre los servicios que organizan.

«No estamos en contra de Uber ni de DiDi, lo que estamos en contra es que sean ilegales», manifestó.

Poli también planteó la necesidad de verificar la identidad de los conductores y los vehículos que trasladan pasajeros. Su propuesta combina un registro nacional con fiscalización efectiva para proteger tanto a los usuarios como a los remiseros.