La última convocatoria para integrar la nómina de aspirantes para cumplir con el cupo laboral trans se abrió en 2021, durante el gobierno de Omar Perotti, y desde el cambio de signo político en 2023 no hubo nuevos llamados. Sandra Gabriela Sánchez, activista travesti que lidera la iniciativa en Rosario, advirtió: «Se agotó la instancia administrativa, ahora vamos a la Justicia».
La Ley de Cupo Laboral Travesti Trans de Santa Fe, sancionada por la Legislatura provincial el 30 de octubre de 2019 bajo el número 13.902, cumple casi siete años sin que su implementación efectiva se haya consolidado. La última convocatoria para integrar la nómina de trabajadores estatales se abrió en 2021, durante el gobierno de Omar Perotti, y tras un proceso de selección fueron contratadas 20 personas para cumplir funciones en la administración pública. A partir de 2023, con el cambio de signo político en la provincia, no hubo ningún llamado oficial para sumarse al registro de aspirantes destinado a cubrir vacantes en ese ámbito.
Frente a este panorama, un grupo de personas travestis y trans prepara un amparo colectivo para exigirle al Estado provincial que cumpla con la ley. «Se agotó la instancia administrativa, ahora vamos a la Justicia», expresó Sandra Gabriela Sánchez, activista travesti independiente que se encuentra al frente de la iniciativa en Rosario a El Ciudadano. Y agregó: «La mayoría de las travestis estamos sin trabajo, y es bastante difícil que te tomen en una empresa. Hoy, el tema trabajo, vivienda y salud mental son los tres grandes problemas que tenemos y ni la provincia ni la municipalidad se encargan de eso». La demanda colectiva, que aún se encuentra en etapa de organización, cuenta con el aval de organizaciones de Rafaela, Santa Fe, Ceres y San Justo.

En off, fuentes oficiales aseguraron al mismo medio que desde que Maximiliano Pullaro llegó a la gobernación se incorporaron al menos 10 personas del colectivo trans, aunque se desconocen los criterios de selección y la modalidad de contratación. El sigilo con el que se maneja este tema responde a un clima de época adverso para el colectivo de la diversidad sexual. El discurso que el presidente Javier Milei pronunció en el Foro Económico de Davos, el 23 de enero de 2025, expuso la aversión que el gobierno libertario mantiene hacia esta agenda al intentar asociar a la comunidad LGTBIQ+ con delitos sexuales y ha condicionado notablemente a los gobiernos provinciales.
Sánchez también puso en duda que una sentencia favorable se traduzca automáticamente en el cumplimiento de la ley. «El gobierno estuvo muy ocupado en reformar la Constitución de la provincia, pero de cumplir con las leyes que ya fueron sancionadas por la Legislatura, bien gracias», advirtió la activista. Y recordó el caso de la Ley de Financiamiento Universitario que, pese a las reiteradas advertencias de la Justicia, el gobierno nacional se niega a cumplir. La situación de la Ley de Cupo Trans en Santa Fe refleja, así, un problema más amplio: la brecha entre las normas sancionadas y su aplicación efectiva, en un contexto donde las políticas de inclusión y diversidad retroceden frente al avance de discursos hostiles y la falta de voluntad política para garantizar derechos.




