Para evitar un vaciamiento, la Justicia inhibió los bienes de Granja Tres Arroyos y sus filiales

El Juzgado Comercial N°21 ordenó la indisponibilidad de fondos de la avícola por US$13,5 millones depositados en el Banco de Comercio y exigió explicaciones sobre el destino de otros US$15,9 millones. La medida alcanza a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial, en medio de una deuda de $536.000 millones y un concurso preventivo que aún no fue abierto por un conflicto de competencia entre tribunales.

La Justicia Comercial dispuso la inhibición provisoria de los bienes del Grupo GTA —integrado por Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial— y ordenó la indisponibilidad de los fondos de la avícola depositados en el Banco de Comercio S.A. por US$13.561.690,05. La medida fue adoptada por el juez Germán Páez Castañeda, del Juzgado Comercial N°21, tras las denuncias por presunto vaciamiento presentadas por la sindicatura que interviene en la quiebra de Rasic Hermanos y por extrabajadores de las plantas I y II de Wade, que anteriormente pertenecieron a Cresta Roja. Según las acusaciones, de la planta de Wade se retiraban diariamente «materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos», además del desmantelamiento directo de líneas productivas.

En su resolución, el magistrado requirió a la concursada que dentro de cinco días individualice y se pronuncie sobre cada uno de los procesos judiciales en los que solicita el levantamiento o adecuación de medidas cautelares, precisando el monto efectivamente cautelado y el alcance de los embargos. Asimismo, ordenó aclarar y acreditar el destino y disponibilidad de los fondos depositados en el Banco de Comercio y en el Banco Eurobanco —este último por US$15.965.979,57— y explicar «de qué modo su existencia se compatibiliza con lo manifestado respecto de las dificultades para atender regularmente las obligaciones laborales». El juez también exigió que la empresa informe si se encuentran siendo abonadas en forma regular las remuneraciones de los trabajadores y las cargas sociales, y en caso contrario, que individualice a cada trabajador respecto del cual existan sumas pendientes de pago, indicando el período, el concepto adeudado y el monto exacto de cada acreencia.

La decisión del juez Páez Castañeda llega en un momento de indefinición procesal para el grupo avícola. El concurso preventivo solicitado por Granja Tres Arroyos permanece sin apertura formal debido a un conflicto de competencia entre el Juzgado Comercial N°21 y el N°1. La presentación inicial fue radicada en el Juzgado N°21, que remitió el expediente al Juzgado N°1 para evaluar el trámite conjunto de los concursos del grupo. Sin embargo, el titular del Juzgado N°1, Alberto Alemán, se declaró incompetente y devolvió las actuaciones, por lo que el expediente volvió a manos de Páez Castañeda, quien deberá definir si asume la causa o eleva el conflicto a una instancia superior.

El escenario financiero que enfrenta el grupo es crítico. Según la presentación judicial, al 31 de diciembre de 2025 la compañía acumulaba una deuda de aproximadamente $536.000 millones distribuida entre 4.978 acreedores. El desglose expone $199.000 millones en deudas financieras, $161.000 millones con proveedores, $78.000 millones en compromisos laborales y previsionales, $52.000 millones impositivos y $46.000 millones en cuentas comerciales. A ese acumulado se suman más de $126.000 millones en cheques rechazados y un balance anual que cerró con pérdidas operativas por $122.052 millones. La fecha formal de cesación de pagos quedó asentada el 29 de enero de 2026.

El conflicto laboral que acompaña la crisis financiera mantiene en vilo a más de 1.200 trabajadores de las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar, donde el Ministerio de Trabajo provincial extendió la conciliación obligatoria. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) rechazó la prórroga y denunció que los trabajadores no están cobrando sus salarios, no fueron reincorporados efectivamente y tampoco reciben tareas, mientras que la conciliación les impide acceder al fondo de desempleo. En paralelo, la empresa propuso a los empleados de Pilar pagar parte de los salarios adeudados con pollos, una alternativa que expone la gravedad de la falta de liquidez. El futuro inmediato del grupo dependerá de la resolución del laberinto judicial que mantiene frenada la apertura del concurso y de la negociación con los gremios para evitar que la crisis derive en una quiebra definitiva.