Cargill reanudará operaciones en Arribeños de forma condicionada, en medio de un conflicto de transportistas que continúa sin resolver

La multinacional agroexportadora Cargill confirmó la reapertura controlada de la planta de acopio para el 10 de septiembre, pero advirtió que la continuidad dependerá de la existencia de «condiciones seguras, estables y sostenibles». La decisión llega dos meses después del cierre que dejó a 30 trabajadores sin actividad por una disputa que la empresa insiste en calificar como «ajena» a su operación.

Cargill Argentina anunció que reanudará de manera controlada las operaciones de su planta de acopio en la localidad de Arribeños a partir del 10 de septiembre, luego de las «medidas extraordinarias de seguridad» implementadas por las autoridades. La decisión se produce luego de que la empresa aclaró que el conflicto subyacente entre transportistas y un representante de CATAC, que derivó en la suspensión de actividades el 3 de julio, «continúa sin resolverse» y es un problema «ajeno a Cargill». La compañía subrayó que la reapertura de la planta no constituye una solución definitiva al conflicto.

La reanudación de las actividades no implicará un regreso pleno a la normalidad. Cargill indicó que la continuidad de la operación «dependerá de que existan condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo». La empresa valoró el trabajo de las autoridades para implementar medidas de seguridad, pero dejó en claro que, de no mantenerse las condiciones adecuadas, podría volver a interrumpir las operaciones.

El cierre de la planta de Arribeños, que tiene más de 25 años de trayectoria en la región, dejó sin actividad a 30 transportistas y afectó a toda la cadena productiva local, incluyendo talleres mecánicos, comercios y proveedores de insumos. El conflicto se originó en la denuncia de los fleteros contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusan de operar como un «intermediario forzoso» sin brindar un servicio logístico real. La denuncia más grave apunta a la exigencia de una comisión del 3% «en negro» sobre el valor de cada carga para poder trabajar. Ante la negativa de los transportistas, la empresa y el esquema de intermediación detuvieron la asignación de fletes.

Cargill sostuvo que las personas que llevan adelante el reclamo no son ni fueron empleados de la compañía, sino prestadores de servicios independientes, y que la asignación de cargas responde a «criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación». Por su parte, el presidente de CATAC, Ramón Jatip, negó las acusaciones y afirmó que los transportistas «se fueron voluntariamente». El Municipio de General Arenales calificó el hecho como «un problema de índole privado» y de «no competencia municipal», lo que dejó a los trabajadores sin un marco institucional que obligue a las partes a negociar.