Endeudados: La Legislatura bonaerense busca prohibir el hostigamiento a familias y frenar las prácticas abusivas de cobranza

La iniciativa de la diputada bonaerense por Fuerza Patria Ana Luz Balor obtuvo dictamen en la Comisión de Defensa de los Consumidores y busca establecer un marco de protección para las miles de familias bonaerenses que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento. El proyecto prohíbe los llamados intimidatorios, el contacto con familiares o empleadores y las comunicaciones que simulen reclamos judiciales.

La Legislatura bonaerense dio un paso clave en la protección de las familias sobreendeudadas al aprobar en comisión el proyecto de ley que prohíbe el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda. La iniciativa, impulsada por la diputada Ana Luz Balor (Fuerza Patria), busca poner un freno a las prácticas abusivas de estudios de cobranza y agencias de recupero, que en el contexto de crisis económica han intensificado la presión sobre los sectores más vulnerables. «En muchos casos, los proveedores o las agencias de cobranza actúan de manera amenazante y violenta», explicó Balor.

El proyecto establece que los proveedores de bienes y servicios y las agencias de recupero de deuda deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en «situaciones vejatorias o intimidatorias». Entre las prácticas prohibidas se incluyen los llamados reiterados en horarios de descanso o fines de semana, el contacto con familiares, vecinos o empleadores para informar sobre la deuda, las publicaciones de listas de deudores en redes sociales y las comunicaciones que simulen reclamos judiciales para intimidar. También se prohíbe a las entidades financieras debitar de forma unilateral las cuentas de depósito de los consumidores, una práctica que según la legisladora deja a las personas «con cero pesos para poder seguir subsistiendo».

La propuesta se enmarca en una agenda más amplia de protección frente al sobreendeudamiento que impulsa el oficialismo bonaerense con el respaldo del gobernador Axel Kicillof. Balor, que lleva adelante esa agenda, advirtió que «9 de cada 10 familias están endeudadas» y que la mora alcanza a 1 de cada 4 personas. La iniciativa busca «dar respuestas concretas a miles de bonaerenses que hoy atraviesan situaciones de gran dificultad económica», en un contexto de «caída del ingreso, pérdida del poder adquisitivo y deterioro del empleo». Para ello, el proyecto se complementa con la Ley de Defensa de las Familias Sobreendeudadas, que crea un procedimiento administrativo para reestructurar deudas y establece una instancia prejudicial obligatoria ante la Defensoría del Pueblo.

En los fundamentos del proyecto, Balor señaló que la derogación de la Resolución 1033/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior «significó un notorio y grave retroceso en materia de protección de los derechos de los consumidores». «Esa norma había logrado establecer pautas claras y límites a los excesos de estudios de cobranzas. La desregulación ha fomentado que el acoso se convierta en una herramienta sistémica de reclamo», subrayó. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el recinto, establece que quienes incumplan la normativa serán sancionados con multas que pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos vitales y móviles.