Emilio Parodi, gerente de Recursos Humanos durante la dictadura, llegará este jueves al Tribunal Oral Federal 2 de La Plata acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de tres obreros aceiteros. El debate se enmarca en la investigación por la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado y la comisión de delitos de lesa humanidad.
El próximo jueves 10 de septiembre a las 11 de la mañana comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, quien se desempeñó como gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, por entonces propiedad de Bunge & Born, durante la última dictadura cívico-militar. El acusado, de 85 años, llega al debate imputado como partícipe necesario del secuestro de tres trabajadores aceiteros el 7 de julio de 1976: Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández. Los tres fueron capturados en la entrada de la fábrica cuando ingresaban o salían de su turno de trabajo, en un operativo que marcó el inicio de una represión sistemática contra el sindicalismo fabril.
La acusación sostiene que Parodi, desde su cargo de jefe de Personal, confeccionó las listas de trabajadores sindicalizados que fueron entregadas a las fuerzas represivas y facilitó el acceso de los captores a las instalaciones de la empresa. Al elevar la causa a juicio, el juez federal Ernesto Kreplak señaló que «resulta imposible que los secuestros hayan pasado desapercibidos para el encartado» y que «los eventos investigados no se podrían haber ejecutado sin su colaboración». Aunque el debate se centrará en esos tres hechos, la represión en la planta alcanzó a 26 trabajadores y familiares, entre ellos una niña apropiada de seis meses, hijos de desaparecidos.

El juicio es el resultado de más de una década de lucha de los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y las organizaciones gremiales, que se presentaron como querellantes en la causa. La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires) aportaron documentación histórica, como actas y registros internos, y asumieron el compromiso de representar a los afiliados que fueron detenidos-desaparecidos con la complicidad empresarial. «Para nosotros esos compañeros que están desaparecidos siguen siendo afiliados», expresó el titular de la Federación, Daniel Yofra. El gremio también señaló la complicidad de la conducción sindical de aquel momento y reclamó que otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta sean citados a indagatoria.
El proceso se inscribe en el juzgamiento de la responsabilidad civil y empresarial durante el terrorismo de Estado, una de las deudas pendientes del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina. «Este juicio permite avanzar en el esclarecimiento del rol que tuvieron sectores empresariales en la represión ilegal», destacaron desde la Federación Aceitera. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también querellante, afirmó que se busca «profundizar en la responsabilidad empresarial» de quienes «colaboraron con sus acciones en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo con el fin de imponer el modelo económico».
Mientras el único imputado que llegó con vida al debate enfrenta el banquillo, las organizaciones gremiales y de derechos humanos insisten en que la justicia debe alcanzar a todos los responsables. «Juicio y Castigo a Todos los Culpables», reclamaron en un comunicado los sindicatos aceiteros, que reafirmaron la vigencia de la consigna de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La lucha de las y los trabajadores de Molinos, atacados por defender sus derechos laborales y democráticos, vuelve a cobrar sentido en un contexto de ofensiva sobre el mundo del trabajo. «Su lucha y la nuestra fue y sigue siendo una sola», concluyeron desde la Federación, que volvió a exigir Memoria, Verdad y Justicia para las 26 víctimas.




