El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, FECENE y CEISA cuestionaron la decisión unilateral de la multinacional Halliburton de exigir una reducción del 23% en contratos vigentes, advirtiendo que el ajuste terminará impactando en las pymes regionales y en los puestos de trabajo. «Acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo. Una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen», sostuvo Rucci.
Un frente integrado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las cámaras empresarias del sector energético rechazó la decisión de Halliburton Argentina de exigir a sus proveedores una reducción de hasta el 23% sobre los contratos en ejecución para el período agosto-diciembre de 2026. El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, calificó la medida como «una calamidad» y advirtió que «las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca».
La compañía de servicios especiales comunicó el recorte con un plazo de apenas siete días para que los proveedores acepten las nuevas condiciones, sin una instancia previa de negociación. «Acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo. Una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen para soportarlo», sostuvo Rucci. Desde el gremio recordaron que Halliburton Company registró una ganancia neta global de 534 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026 y destinó cerca de 200 millones de dólares a la recompra de acciones.

A la crítica sindical se sumaron la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) y la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE). CEISA advirtió que la decisión «no constituye una simple adecuación comercial», sino una transferencia de costos a pymes que «no cuentan con capacidad financiera para absorber semejante disminución sin afectar su estructura operativa». La entidad expresó además su preocupación ante la posibilidad de que otras empresas de servicios u operadoras repliquen el criterio.
FECENE, por su parte, calificó la medida como «inadmisible» y señaló que contradice el espíritu de la Ley Provincial N.º 3338, creada para fortalecer la participación de empresas neuquinas y consolidar la cadena de valor local. «Quienes han apostado durante años al desarrollo de Vaca Muerta no pueden convertirse en la variable de ajuste de compañías de alcance global», enfatizaron desde la federación.
Los tres actores coincidieron en el reclamo de una mesa de diálogo urgente que incluya a operadoras, empresas de servicios, cámaras, sindicatos y al Estado provincial. «Vaca Muerta necesita competitividad, pero también necesita responsabilidad empresaria. No existe desarrollo sostenible cuando el ajuste recae exclusivamente sobre quienes generan empleo local», sentenció Raúl Pablo Martin, presidente de CEISA El conflicto abre un nuevo debate en el corazón de la cuenca neuquina sobre el equilibrio entre la competitividad de las grandes firmas y la sustentabilidad del entramado pyme que sostiene el empleo regional.



