En un gesto de unidad hacia el Gobierno de la Ciudad, Pablo Moyano recibió al líder de los Metrodelegados Néstor Segovia. Cuestionaron la firma del decreto que exige a los gremios de subtes, colectivos y recolección de residuos garantizar servicios mínimos del 50% al 75% durante medidas de fuerza. «Le decimos a Macri que si tocan un trabajador o se atrasan media hora el pago de sueldos se para toda la recolección y si tienen huevos que nos vengan a buscar», desafió.
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, recibió al líder de los Metrodelegados Néstor Segovia. La reunión se dio horas después de que se conociera la decisión de Jorge Macri de avanza en una Reforma Laboral porteña y por decreto.
«La decisión representa un avance sobre los derechos laborales conquistados por los trabajadores y sienta un precedente preocupante para otros sectores», señaló Moyano.
«Le decimos a Macri y los que lo asesoran, el señor (Gabriel Sánchez) Zinni y (Daniel) Angelici, que si tocan un trabajador o se atrasan media hora el pago de sueldos se para toda la recolección y si tienen huevos que nos vengan a buscar», desafió Moyano quien adelantó que irán a la justicia para ponerle un freno a la determinación.
El decreto establece la obligación de garantizar niveles mínimos de funcionamiento en los servicios de subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales.
La normativa, oficializada este lunes mediante el Decreto N.º 230/26, dispone que las empresas deberán asegurar prestaciones que van del 50% al 75% del servicio habitual, con el objetivo de neutralizar el impacto de los paros en áreas críticas para la vida de los porteños y de quienes ingresan y egresan diariamente de la Ciudad.
En la reunión, que sirvió como mensaje político de unidad hacia Macri, estuvieron presentes el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio y su represente legal, Hugo Moyano, además de Eduardo Gabriel Supply de ASSRA y Miriam Cáceres de APDESBA.
Durante el encuentro los representantes gremiales acordaron analizar y definir las medidas a seguir ante lo que consideran un «avance que restringen derechos constitucionales».
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