El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) expuso ante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra. Señaló la reforma laboral, la criminalización de la protesta y la intervención de la UOM como ejemplos de un retroceso «entre los más profundos de América Latina».
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte, denunció ayer ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en la Argentina «existe una preocupante convergencia de los tres poderes del Estado en contra de la acción sindical». Durante la sesión plenaria de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla en Ginebra, Suiza, el letrado advirtió que esta dinámica posibilitó «uno de los retrocesos más profundos de América Latina» con la reciente aprobación de la reforma laboral.
Cremonte solicitó al organismo internacional que adopte posiciones en «defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y las libertades democráticas».
En su exposición, el titular de la ALAL detalló múltiples aristas de la ofensiva contra los trabajadores. «A la limitación de la actuación de los delegados gremiales y al derecho a hacer asambleas se suma la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones, particularmente de trabajadores jubilados que reclaman frente al deterioro de sus condiciones de vida», señaló.
Pero advirtió que «la ofensiva excede largamente la reforma legislativa». Y agregó: «Desde el Poder Ejecutivo se impulsan políticas de persecución y disciplinamiento de las organizaciones. Así ocurrió con las millonarias sanciones impuestas a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad por el ejercicio de legítimas medidas de acción sindical».

Cremonte también apuntó contra el accionar del Poder Judicial: «Desde el Poder Judicial se avanza sobre la democracia sindical mediante decisiones que desconocen la voluntad de los trabajadores. La reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, el mayor sindicato industrial de Argentina, constituye uno de los hechos más graves registrados en los últimos años y representa una injerencia incompatible con los principios de libertad y autonomía sindical».
«No se trata de hechos aislados. Se observa una acción convergente de los tres Poderes que están al servicio de la clase dominante», enfatizó.
Durante su exposición, Cremonte calificó a la llamada Ley de Modernización Laboral como «en rigor un verdadero retroceso al siglo XIX, que solo beneficia a los empresarios, aumentando su rentabilidad a costa del salario». Y ejemplificó: «Se perforó incluso el piso del Convenio Nº 1 de 1919, permitiendo jornadas diarias de 12 horas o más».
Finalmente, el presidente de la ALAL repasó la situación de otros países de la región. Mencionó que «Perú resiste en las urnas el retorno del fujimorismo, que en los años 90 impulsó reformas laborales regresivas y fue responsable de graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo peruano». También señaló que «Ecuador figura nuevamente entre los 10 países con peores condiciones laborales en el mundo» y que «en Honduras se reinstauró la Ley de Empleo por Hora, retornando modalidades de contratación precaria orientadas exclusivamente a garantizar mayor explotación».
La denuncia presentada ante la OIT quedó en manos del organismo, que deberá evaluar los planteos y determinar si impulsa alguna medida o recomendación al Estado argentino en materia de libertad sindical y derechos laborales.



