La Federación de Trabajadores del Gas declaró el estado de alerta nacional en rechazo a la tercerización y los despidos en el sector, en medio de la renuncia del titular del ente regulador

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) lanzó un estado de alerta nacional en rechazo a las políticas de tercerización y desvinculaciones en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El anuncio se produce luego de conocerse la renuncia sorpresiva de Néstor Marcelo Lamboglia al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), en medio de una fuerte interna que cuestiona la capacidad de control del organismo.

En un comunicado emitido este martes, la FETINGRA, encabezada por su secretario general Guilleno H. Mangone, repudió los despidos injustificados que, según el gremio, se vienen implementando en todo el país. La federación señaló que estas medidas resultan particularmente graves porque se adoptan en un contexto de bonanza económica para las empresas del sector, que atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros.

La FETINGRA sostuvo que, lejos de traducirse en inversiones en recursos humanos y capacitación, esas ganancias están siendo utilizadas para profundizar procesos de reducción de personal propio. Según denunciaron, la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas.

El gremio advirtió que esta práctica no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que también genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo. La federación señaló que, en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a empresas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial.

Asimismo, la FETINGRA expresó su preocupación por lo que consideró una “pasividad de los organismos de control” frente a estas situaciones. La abrupta renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE, el organismo encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país, cobra otra relevancia.

Néstor Marcelo Lamboglia (en el centro) dejó su cargo este lunes, menos de un mes después de haber sido designado al frente del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según Econojournal, la renuncia se produjo en medio de una fuerte interna que Lamboglia mantenía dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Las discrepancias entre ambos funcionarios venían de larga data: un informe del mismo medio especializado ya había revelado en abril la existencia de esas peleas, cuando el nuevo ente ni siquiera había terminado de constituirse.

Entre los puntos de conflicto se encontraban las renovaciones de contratos. Lamboglia había sugerido no renovar ningún contrato en los entes hasta que el ENRGE estuviera en funciones, pero Nachón desconoció ese pedido y días después renovó por seis meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio. Además, Nachón impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.

Otro motivo de tensión fue el lugar de trabajo. Las nuevas oficinas del ENRGE se establecieron en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.

Las diferencias salariales también dividieron al directorio. En el ex Enargas hay funcionarios que llegan a cobrar hasta 32 millones de pesos brutos, mientras que en el ENRE los sueldos más altos alcanzan los 8,5 millones brutos. Lamboglia pretendía recomponer los ingresos de los provenientes del ENRE dentro de un plan que involucrara a toda la plantilla del nuevo organismo, pero el enfrentamiento con Nachón hacía inviable esa coordinación.

El jueves pasado, el directorio mantuvo una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que terminó de colmar la paciencia de Lamboglia, quien según este medio habría manifestado que no quería que la situación le afectara su estado de salud por su condición de diabético.

En este contexto de incertidumbre en el organismo de control, el gremio gasífero elevó la presión. La FETINGRA exigió el cese inmediato de los despidos injustificados, la preservación de los puestos de trabajo y el respeto por los derechos laborales adquiridos. La federación advirtió que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones.

“Defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos”, concluyó el comunicado gremial.