La UBA advierte que el presupuesto universitario cayó más del 45% en dos años y medio y que ya renunciaron más de 10 mil docentes

Mientras el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos por salarios por debajo de la línea de pobreza. Un ayudante de segunda con dedicación simple cobra apenas $177.117 mensuales, y desde la UBA advierten que se necesita un aumento del 53% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

La crisis salarial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) alcanzó un punto crítico. Según datos proporcionados por las autoridades de la casa de estudios, más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos por cobrar sueldos por debajo de la línea de pobreza. En paralelo, el presupuesto universitario se redujo un 45,6% desde la asunción del presidente Javier Milei, una caída que las autoridades califican como la más grave en décadas. Ya pasaron más de 200 días desde que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial.

¿Cuánto cobra un profesor de la UBA? La respuesta depende del cargo y la dedicación. Un titular de cátedra con dedicación exclusiva, el cargo más alto, que implica 40 horas semanales, percibe un salario de $1.582.283 mensual es sin contar la antigüedad. Esa cifra apenas supera en $150.000 la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes, que actualmente asciende a $1.434.464. En el extremo opuesto, un ayudante de segunda con dedicación simple (10 horas semanales) cobra apenas $177.117 por mes. Los salarios para quienes trabajan jornada completa de 40 horas varían entre $885.590 y $1.582.283, según la categoría y el cargo.

La situación de los investigadores no es menos preocupante. Según los datos aportados por la UBA, un investigador que recién comienza su carrera percibe un básico de $1.234.000 mensuales, una actividad que requiere años de formación académica y una dedicación que suele exceder las ocho horas diarias de trabajo. Desde la universidad advierten que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían los salarios en diciembre de 2023, antes de la asunción de Milei, debería aplicarse un aumento del 53% sobre los haberes actuales. La pérdida acumulada del poder de compra ya supera el 35%.

Las autoridades universitarias sostienen que mientras no se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, la situación no podrá revertirse. Esto se debe a que más del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios docentes. La ley, aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado, fue vetada por el presidente Milei, pero la Cámara de Diputados y luego el Senado rechazaron el veto y la ratificaron. A fines de octubre, 40 universidades nacionales presentaron un recurso ante la Justicia para que se declarara inconstitucional el decreto presidencial que reglamentó la ley omitiendo los artículos vinculados a los salarios docentes.

El 23 de diciembre, el juez del fuero contencioso administrativo Martín Cormick dictó una medida cautelar y consideró inconstitucional la reglamentación del Gobierno. El Poder Ejecutivo apeló, pero en marzo la Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo y ordenó al Estado cumplir con la ley. El plazo para acatar la resolución venció el 17 de abril. Ese mismo día, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y pidió que los jueces se apartaran del caso por ser docentes universitarios. El 7 de mayo, la Cámara de Apelaciones aceptó el planteo y elevó el expediente al máximo tribunal. Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que la aplicación de la ley quedó suspendida hasta que haya una resolución definitiva.

“Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley aprobada por el Congreso, y si tampoco vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Y agregó: «Abrazamos a los más de un millón y medio de personas que a lo largo y ancho de la Argentina hoy se abraza a la universidad pública. No vamos a ser la generación que ve cómo se apaga sin más la potencia del sistema universitario argentino. Que deje morir sin más la universidad pública». El reclamo, mientras tanto, sigue sin respuesta oficial, y los salarios docentes continúan perdiendo terreno frente a una inflación que no da tregua.