Alto funcionario de ARCA denunció a otras autoridades del organismo por obstruir una investigación de presunto fraude en Camioneros

Un alto funcionario del organismo reveló ante la Justicia que autoridades de la gestión de Milei intentaron paralizar pesquisas sobre desvíos por más de $13.000 millones a través de proveedores apócrifos del hotel del sindicato de Camioneros con deplazamientos. La Justicia provincial también persigue el caso.

Un alto funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) denunció ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata que autoridades del organismo durante la gestión de Javier Milei ejercieron presiones y desplazaron a media docena de empleados que investigaban un presunto fraude millonario vinculado al Sindicato de Camioneros. La denuncia fue radicada por Manuel Rodríguez, contador con más de 35 años de trayectoria en el organismo, quien fue desplazado de su cargo tras cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones sobre proveedores apócrifos del hotel del gremio que lidera Hugo Moyano, causa que también es indagada por la Justicia provincial.

Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal al que accedió La Nación, los desplazamientos fueron ordenados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana, quien reporta al titular de la DGI, Mariano Mengochea, hombre de confianza del titular de ARCA, Andrés Vázquez. Rodríguez detalló que García Pastrana impartió órdenes directas por teléfono al entonces titular de la Regional marplatense, Luis Tymkiw, y a uno de los jefes de fiscalización abocados a la investigación, Gustavo Capdeville, para detener la pesquisa. Ambos se negaron por considerarlo ilegal y terminaron fuera de sus cargos.

Las motivaciones serían de índole política, según aseguró el diario. “En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente al tanto de lo ocurrido bajo reserva de su nombre. Tras la salida de Tymkiw, desde Buenos Aires fue enviado como nuevo titular de la Regional el contador Pablo Catracchia, quien habría presionado a otro jefe de fiscalizaciones, Diego González, con una frase que Rodríguez transcribe textualmente: “Sos consciente que si apretás la tecla para descargar la fiscalización tengo que correrte del cargo”. González habría respondido: “Hacé lo que creas conveniente”.

Los relevos en la Regional Mar del Plata se sucedieron en menos de siete meses y alcanzaron a funcionarios con antigüedades de entre diez y catorce años. Fueron desplazados el jefe de la División Jurídica, la jefa de Dictámenes y Sumarios, los jefes de Fiscalización y el propio Rodríguez, enviado al área de Capacitación. En su denuncia, Rodríguez rechazó por falaz el argumento de que el caso sea “entre privados”. Recordó que la facturación apócrifa detectada superaría los $13.000 millones, sobre los que correspondería aplicar el 35% de Ganancias, “lo que conllevaría un posible monto evadido de aproximadamente 4550 millones de pesos”, además de configurar el delito de evasión.

Consultados por el medio, voceros del organismo negaron toda irregularidad y plantearon que la fiscalización sobre el Sindicato de Camioneros “no se lleva adelante en Mar del Plata, sino en su jurisdicción natural, la Subdirección de Operaciones Impositivas Metropolitanas”. Sobre los desplazamientos, afirmaron que “no tienen ninguna excepcionalidad” y que desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, procesos habituales que responden a “criterios de mérito, oportunidad y conveniencia”. Sin embargo, la denuncia de Rodríguez no versa sobre la fiscalización al sindicato en sí, sino sobre las fiscalizaciones a proveedores apócrifos del hotel del gremio, que sí estaban a cargo de la Regional Mar del Plata.

Rodríguez remarcó la irregularidad de todo lo ocurrido: “Jamás en 35 años he observado semejantes irregularidades en el desarrollo de la función”, planteó, y advirtió que nunca en 17 años como jefe de fiscalización sufrió algún tipo de ‘sugerencia’ como las que sufrieron sus colegas. El denunciante solicitó a la Justicia federal que evalúe abrir una investigación por la presunta comisión de los delitos de coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado.