Los abogados también se organizan para voltear artículos de la Reforma Laboral y le abren más frentes de confrontación al Gobierno

Como los sindicatos, colegios de abogados de todo el país fueron a la justicia para frenar la Reforma Laboral. Aseguran que su efecto es inconstitucional y buscan frenar el eventual pago en cuotas de los honorarios profesionales en los juicios laborales por poseer naturaleza alimentaria.

Frente a las modificaciones que los impactan en la nueva ley Laboral que se reformó a instancias del gobierno de Javier Milei, unos 29 colegios de abogados con influencia en todo el país, decidieron hacer una presentación conjunta para solicitar que la justicia frene los artículos de la nueva ley.

La presentación que busca obtener una medida cautelar por parte de los tribunales para que quede sin efecto parte del articulado se inscribe en el aluvión de presentaciones de similares características, la mayoría de ellas promovidas por sindicatos, que atacan diversos frentes de la nueva norma aprobada por el Congreso y que era una de las principales batallas de la gestión libertaria en sesiones extraordinarias.

De acuerdo a la demanda que publicó Ámbito, la presentación ingresó al fuero Contencioso Administrativo Federal. Los colegios solicitaron, con el patrocinio del abogado Alberto Spota una medida cautelar autónoma para que se suspendan los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero. Esto hasta tanto se dicte lo que consideran inconstitucional, como sentencia definitiva. Aseguraron que se violentan los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional.

Consideraron «una utilización desviada de las herramientas procesales, susceptible de afectar no sólo a las partes involucradas, sino al adecuado servicio de justicia en su conjunto». Puntualmente, atacan el régimen de percepción de honorarios profesionales en el proceso laboral, alterando las condiciones en que los abogados ejercen su actividad, lo que impacta en intereses de un colectivo. Citaron precedentes de la Corte Suprema en la materia respecto de cautelares cuando se plantean hechos que pueden colisionar con la Constitución.

Centralmente, la medida apunta a contrarrestar el eventual pago en cuotas de los honorarios profesionales en los juicios laborales por poseer naturaleza alimentaria y una eventual reducción que pueda impactar en el derecho de propiedad privada.

A la vez, y como estrategia, los abogados solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la concesión de un traslado al Estado nacional previsto para evacuar el informe mencionado en el art. 4° de la ley 26854, en forma previa a la resolución del pedido cautelar para evitar las trabas en el proceso que el Gobierno podría intentar.

En el final del escrito, lo abogados solicitaron que se promueva la «medida cautelar autónoma» y que «se ordene la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo».

Los abogados aseguran que los honorarios «constituyen crédito de naturaleza alimentaria» y que la nueva normativa «los somete a un régimen restrictivo», además de imponer «riesgos patrimoniales personales» al letrado «por el solo hecho de formular pretensiones en defensa de su cliente». Aseguran que es una flagrante violación a los derechos de propiedad, al debido proceso y a la defensa en juicio, además de una afectación directa al ejercicio profesional garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.