La fiscalía a cargo de Horacio De Aragón resolvió elevar a juicio la causa contra el dirigente de ATE Córdoba y la CTA Córdoba, Federico Giuliani, por los hechos ocurridos durante una protesta frente a la Secretaría de Políticas Sociales municipal en agosto pasado. Desde el gremio denuncian una investigación con irregularidades y advierten que se trata de un intento de criminalizar la protesta social.
La Fiscalía de Instrucción a cargo de Horacio De Aragón resolvió elevar a juicio la causa judicial contra el dirigente sindical Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Córdoba, en relación con los hechos ocurridos durante una protesta realizada el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.
Desde el sindicato denunciaron que se trata de una “causa armada” destinada a criminalizar la protesta social. Según el comunicado difundido por la organización, durante aquella jornada de reclamo fueron detenidos dirigentes sindicales, militantes y trabajadores tras un operativo policial que calificaron como “desmedido”.
Entre las personas arrestadas se encontraba Giuliani, quien permaneció durante 24 horas esposado a una cama de hospital, un hecho que desde el gremio consideraron de “extrema gravedad institucional”. También fueron detenidos la dirigente sindical Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba, además de otros militantes y trabajadores que participaron de la manifestación.
El comunicado también señala que durante el operativo fueron arrestados el secretario de Derechos Humanos del sindicato, César Theaux, quien se encontraba brindando asistencia legal, y el trabajador de prensa Fermín Denipoti, que estaba cubriendo los hechos. Todos fueron trasladados al Complejo Carcelario de Bouwer, lo que, según el gremio, evidencia el carácter indiscriminado del procedimiento policial.
Desde ATE Córdoba sostienen que la investigación presenta contradicciones e inconsistencias, entre ellas testimonios que afirman haber observado hechos desde el interior del edificio municipal, a pesar de que los vidrios del lugar se encuentran ploteados y no permiten visibilidad hacia el exterior. También cuestionaron que los hechos denunciados no estén individualizados ni atribuidos de manera concreta a los manifestantes.
Otro punto señalado por el sindicato es la ausencia en el expediente de un subdirector de la policía que habría estado presente durante el operativo y cuya participación, según el gremio, fue denunciada oportunamente pero no quedó registrada en las actuaciones judiciales.
Ante este escenario, desde ATE Córdoba afirmaron que el avance del proceso judicial constituye un intento de disciplinar a las organizaciones sociales y sindicales que se movilizan contra el ajuste. “Defender el derecho a protestar es defender la democracia”, señalaron, y adelantaron que continuarán denunciando lo que consideran un caso de persecución judicial contra dirigentes y trabajadores.




