La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores impugnaron el aumento del Salario Mínimo dispuesto por el Gobierno, al considerar que es ilegal, insuficiente y deja el ingreso básico por debajo de la línea de indigencia, y reclamaron una nueva convocatoria urgente del Consejo del Salario.
Las dos CTA presentaron este viernes una impugnación formal ante el Ministerio de Capital Humano, luego de que el Gobierno estableciera por resolución un aumento escalonado del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que, según señalaron, resulta “insuficiente e inaceptable” en el actual contexto social y económico.
En el escrito, ambas organizaciones remarcan que la decisión oficial “carece de validez legal” y constituye un acto “nulo de nulidad absoluta”, al haberse fijado el nuevo monto del salario mínimo sin convocar al Consejo del Salario y sin respetar los procedimientos previstos en la normativa vigente, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 19.549.
Las CTA sostienen que el Ministerio de Capital Humano fijó el aumento del SMVM “de manera arbitraria”, prescindiendo del debate tripartito obligatorio entre el Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales.
Además, advierten que la resolución no contiene fundamentos técnicos ni jurídicos que justifiquen el porcentaje otorgado ni el esquema de incrementos previsto hasta agosto de 2026.
Uno de los puntos más contundentes de la impugnación es la comparación entre el salario mínimo fijado por el Gobierno y los valores de referencia publicados por el Indec. Las centrales remarcan que el incremento promedio de $5.400 mensuales durante diez meses implica que el SMVM quedará equivalente a solo un tercio de la canasta básica total, que asciende a $1.213.800, y por debajo incluso de la canasta de indigencia, estimada en $544.300 para octubre de este año.
“De esta forma, señalan las CTA, el salario mínimo deja de cumplir su función esencial: garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras”.
En el cierre del documento, ambas centrales exigen que la resolución sea revocada y que el Gobierno convoque en un plazo máximo de 48 horas a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el objetivo de fijar un monto acorde a la realidad socioeconómica.
También remarcan que el empleo digno no se impulsa con reformas laborales regresivas que eliminan derechos, sino con políticas de fortalecimiento del ingreso y del trabajo formal.
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