La senadora de Jujuy Carolina Moisés (PJ) cuestionó el ingreso al Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, al advertir que incluye cambios impositivos que, según la Constitución, obligan a que su tratamiento se inicie en la Cámara de Diputados. “Si el Ejecutivo incorporó materia impositiva, el Senado no puede iniciar el tratamiento”, sostuvo. La observación pone en peligro la estrategia del Gobierno de utilizar a la flamante senadora Patricia Bullrich como punta de lanza en el debate público.
La senadora nacional Carolina Moisés, integrante del bloque Convivencia Federal, cuestionó el ingreso al Senado del proyecto de “modernización laboral” presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que incluye modificaciones impositivas que, según la Constitución Nacional, obligan a que la iniciativa tenga origen en la Cámara de Diputados.
Moisés remarcó que “la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político, sino el conjunto de reglas que garantiza el equilibrio institucional de la República”. En ese sentido, recordó que el artículo 52 de la Carta Magna establece que toda ley vinculada a impuestos debe comenzar su tratamiento en Diputados, por lo que cualquier intento de evitar ese procedimiento “desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas y podría ser anulado judicialmente”.

El proyecto, que llegó esta mañana al Senado, incluye un título XXIV de carácter impositivo, con modificaciones directas sobre IVA y Ganancias, así como la derogación de diversas normas tributarias.
La senadora afirmó que, antes de debatir el fondo de la iniciativa, existe una responsabilidad institucional de asegurar la constitucionalidad del proceso. “Si el Ejecutivo incorporó materia impositiva, el Senado no puede iniciar el tratamiento”, sostuvo. Además, destacó que el Congreso es el órgano con facultad exclusiva para legislar en materia laboral, recordando que este campo se rige por el principio de progresividad y que cualquier reforma debe ser “razonable, proporcional y orientada a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social”.
Por último, Moisés subrayó que “defender la institucionalidad no es un capricho”, y advirtió que cualquier vulneración de los procedimientos constitucionales afecta directamente a los derechos laborales y a las bases de la justicia social.




