La junta interna del Indec denunció que el Ejecutivo manipula las estadísticas para mostrar una baja en la pobreza, mientras persisten la precarización laboral, la pérdida salarial y la fuga de técnicos por los bajos sueldos en el sector. Reclamaron también un Indec independiente de los gobiernos de turno.

La junta interna del organismo rechazó las interpretaciones oficiales que aseguran que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza y denunció un “uso electoral” de las estadísticas.

La publicación del último indicador de pobreza volvió a tensar la relación entre el Gobierno y los trabajadores del INDEC. A través de un comunicado, la junta interna del organismo advirtió que miembros del Poder Ejecutivo realizaron una “interpretación errónea y maliciosa” de los datos difundidos, lo que –según señalaron– desacredita la labor técnica de más de mil empleados y busca sostener el plan económico oficial con fines electorales.

En particular, los trabajadores rechazaron la afirmación de que el actual Gobierno logró sacar a más de 12 millones de personas de la pobreza. “Ese planteo no resiste el mínimo análisis”, aseguraron. Según explicaron, el cálculo se basa en una comparación sesgada que omite el salto de 12 puntos en la pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023, y utiliza de manera incorrecta los alcances de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que solo cubre a unos 30 millones de personas en 31 aglomerados urbanos.

“Para que esa cifra fuera cierta, la caída debería ser superior al 33%, y eso no sucedió”, remarcaron. También denunciaron que el Ejecutivo soslaya otros indicadores críticos: la generación de empleos precarios, la caída del salario real en el sector público, el aumento del desempleo en polos industriales como el conurbano bonaerense y la fuerte pérdida de puestos en la construcción.

El comunicado además advirtió sobre el vaciamiento del INDEC por la salida permanente de técnicos calificados debido a los bajos salarios. “El gobierno quiere utilizar el organismo y sus publicaciones con fines electorales, denostando el trabajo realizado y degradando su calidad a través de un ajuste permanente”, afirmaron.

Desde la junta interna recordaron que ya en julio habían reclamado “un INDEC independiente de los gobiernos de turno” y subrayaron que la relativa mejora en el índice de pobreza “no se sostiene en un crecimiento general de la economía ni en una mejora del mercado laboral”.

También reclamaron un urgente aumento salarial para todas las modalidades de contratación, apertura de la mesa de negociación paritaria, el fin de la precarización laboral en el Estado, un bono de $180.000, que frenen los despidos y reincorporen a los despedidos.