Los gremios CNTI y ATE CNEA denunciaron que el gobierno busca privatizar Nucleoeléctrica Argentina, que es una empresa superavitaria que opera las tres centrales nucleares del país. Advierten sobre pérdida de soberanía energética, vaciamiento del sector y salarios por debajo de la línea de pobreza, entre otros serios problemas para el Estado argentino.

La Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria (CNTI) de la CTA Autónoma y ATE CNEA repudiaron el plan del gobierno nacional de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa que opera las tres centrales nucleares del país. Según denunciaron, la medida no sólo busca transferir a capitales privados una firma altamente superavitaria, sino que también compromete la soberanía energética y la continuidad de proyectos estratégicos del área.

En un comunicado, los gremios advirtieron que la privatización se suma al “desguace” de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la paralización del reactor CAREM, la entrega de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y el riesgo de privatización del reactor RA-10. Además, denunciaron un congelamiento salarial que dejó a más del 80% del personal bajo la línea de pobreza, jubilaciones compulsivas que vacían áreas enteras y la fuga de becarios y contratados por la falta de estabilidad laboral.

El investigador de la CNEA y especialista en combustibles nucleares, Rodolfo Kempf, explicó que el avance privatizador podría beneficiar a grupos como Pérez Companc, que ya controlan empresas clave en la producción de combustible nuclear. “Ya vimos representantes de esa multinacional recorriendo las instalaciones de NA-SA. Si se quedan con la operación de las centrales, el Estado cede un área estratégica y ellos aseguran ganancias millonarias con subsidios públicos”, advirtió en diálogo con Radio Provincia.

Kempf recordó que la puesta en marcha de Atucha II y la extensión de vida de Embalse fueron posibles gracias a décadas de inversión estatal y esfuerzo de los trabajadores, y señaló que el peligro no se limita a la pérdida patrimonial. “El área nuclear funciona como un ciclo integrado. Si se fragmenta y queda en manos del mercado, se corre el riesgo de choques de intereses y problemas graves de operación”, sostuvo.

El especialista también alertó sobre el costo ambiental que quedaría en manos del Estado: “Las ganancias se las llevarían los privados, mientras que la gestión de residuos radiactivos seguiría siendo responsabilidad pública. Es un negocio redondo para ellos y una pérdida millonaria para el país”.

Cabildo abierto por la soberanía energética

Ante este escenario, la CNTI y ATE CNEA convocaron a un “Cabildo abierto por la soberanía energética” el próximo viernes 26 de septiembre en la sede de Luz y Fuerza de Zárate. El objetivo será organizar una respuesta política y sindical frente a lo que califican como un intento de entrega de la soberanía energética y la autonomía tecnológica argentina.

Los trabajadores exigirán, además, una recomposición salarial urgente, el pase a planta permanente de becarios y contratados, y presupuesto suficiente para garantizar el funcionamiento del sector.

“NA-SA es una de las empresas más rentables del país, pero en lugar de fortalecerla como política de Estado, el gobierno pretende privatizarla. No lo vamos a permitir”, concluyeron desde la CNTI.