La Justicia laboral ordenó la reincorporación de un operario despedido por Shell-Raizen, al considerar que su cesantía fue discriminatoria por su militancia sindical y ambiental. El fallo reconoce por primera vez la protección legal de acciones en defensa del ambiente dentro del ámbito laboral.
En un fallo con fuerte impacto simbólico y legal, la jueza del fuero laboral Stella Maris Vulcano ordenó la reincorporación de Gustavo Michel, operario despedido de la refinería de Shell-Raizen en Dock Sud. La magistrada consideró que el despido fue discriminatorio, no solo por su activa militancia gremial, sino también por su rol en la defensa del ambiente y la seguridad laboral dentro de la planta.
La resolución judicial impone una medida cautelar que obliga a la empresa a reincorporar de inmediato al trabajador y fija una multa diaria de $50.000 en caso de incumplimiento. Hasta el momento, Shell-Raizen no ha dado marcha atrás con la cesantía.
Michel, de 45 años, lleva 16 trabajando en la planta y es brigadista —una figura equivalente a la de bombero industrial— además de activista sindical vinculado a la lista opositora “Naranja”. A lo largo de los años, denunció situaciones de inseguridad, desinversión en mantenimiento y contaminación del entorno, como el vertido de hidrocarburos al río. También participó en asambleas, publicó artículos críticos y exigió mejoras tras la muerte de un compañero durante un incendio en 2018.
“Esto sienta un precedente crucial”, expresó su abogada Melina Acevedo, del Ceprodh a Página/12. “Reconoce que la actividad sindical y la defensa de condiciones laborales seguras pueden estar intrínsecamente ligadas a la protección ambiental”.
La jueza Vulcano destacó en su fallo que “existen indicios sobre la actividad de carácter ambiental del actor, y de una actividad apuntada al cuidado del ambiente de trabajo y prevención del personal”. Y sostuvo que el despido “no parece sin causa sino una respuesta a la actividad gremial desplegada en forma constante”, lo que vulnera derechos constitucionales y convenios internacionales de la OIT.
El despido de Michel se produjo el 13 de enero junto a otros nueve trabajadores, todos sin causa aparente. Sin embargo, varios de ellos estaban próximos a participar en elecciones sindicales o habían participado en reclamos laborales, lo que refuerza la hipótesis de una acción persecutoria por parte de la empresa.
Aunque la cautelar representa una victoria parcial, está pendiente la resolución del fondo de la cuestión y también el tratamiento de los otros nueve casos, en manos de distintos juzgados. En paralelo, existe la posibilidad de que Shell apele amparándose en la reciente Ley Bases, que habilita despidos discriminatorios mediante el pago de indemnizaciones, una herramienta que podría ser puesta a prueba en este conflicto.
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