La CGT repudió la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos clave del transporte, alertando sobre el impacto en la seguridad vial y el riesgo de miles de despidos. “Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo”, afirmó Héctor Daer.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó hoy su más enérgico repudio ante la decisión del Gobierno Nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, así como otros organismos clave del transporte terrestre. En un comunicado oficial, la central sindical advirtió sobre el impacto negativo que esta medida tendrá tanto en la seguridad vial como en el empleo de miles de trabajadores.
La decisión del Ejecutivo incluye también la eliminación de la Comisión Nacional de Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismos fundamentales para la regulación, planificación y control del tránsito en todo el país. Desde la CGT calificaron la medida como “intempestiva e improvisada”, subrayando que atenta directamente contra la prevención de accidentes de tráfico, una de las principales causas de muerte en Argentina.
“Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de mejorar la vida de las y los argentinos, genera incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas”, señala el comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional.
En línea con la postura institucional de la CGT, el dirigente sindical Héctor Daer también se manifestó a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter). “El cierre de Vialidad Nacional y el despido de miles de compañeras y compañeros es un ataque directo al modelo de país federal que defendemos. Las rutas son las venas que conectan a nuestra Argentina productiva. Sin obra pública, no hay justicia social ni desarrollo”, escribió el sindicalista, quien además compartió el comunicado oficial de la central.
La CGT concluyó su declaración solidarizándose con los trabajadores afectados y se puso a disposición para acompañar las medidas de lucha en defensa de los puestos laborales y de la seguridad en las rutas.
La controversia por estas medidas se suma a un clima de creciente tensión social, en un contexto donde la política de recortes y reformas del Gobierno ha despertado críticas tanto desde sectores sindicales como sociales.
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