Un informe del CEPA detalla el impacto de las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno nacional en el empleo público, con reducciones significativas en organismos técnicos, empresas públicas y áreas vinculadas a salud, ciencia y tecnología. Desde noviembre de 2023 a marzo de este año, la planta de trabajadores estatales se redujo en un 14% por los despidos o desvinculaciones bajo distintos formatos. Desde el CEPA señalaron que estas medidas no sólo disminuyen el número de trabajadores, sino también las capacidades de gestión y regulación del Estado.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 la dotación de personal del Sector Público Nacional se redujo en 48.892 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 14,2%. El estudio atribuye esta reducción a una política deliberada del gobierno nacional orientada al achicamiento del Estado.
La mayor parte del recorte se produjo en empresas y sociedades del Estado, con una pérdida de 16.056 empleos. Le siguieron la administración descentralizada (-14.800), la administración centralizada (-14.710), la administración desconcentrada (-2.120) y otros entes (-1.206).
Entre las empresas más afectadas destacan Correo Argentino (-4.787), Operadora Ferroviaria S.E. (-1.756), Aerolíneas Argentinas (-1.633), AySA (-1.515) y el Banco Nación (-1.347). También se registra un fuerte ajuste en la ex Télam, con una reducción de personal del 79,4%, y en empresas tecnológicas como el Polo Tecnológico Constituyentes (-40%) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (-34%).
En cuanto a organismos estatales, el mayor recorte en términos absolutos se produjo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP), que perdió 2.095 empleos. Le siguen CONICET (-1.519), ANSES (-1.344), ENACOM (-754) e INTI (-727).
Desde una perspectiva porcentual, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales redujo su plantilla en un 61,3%. Otros organismos con caídas significativas incluyen el Ente Regulador del Gas (-42,8%), el Instituto Nacional del Cáncer (-38,3%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-32,4%).
El informe concluye que estas reducciones forman parte de una estrategia del actual gobierno para achicar el Estado no sólo en tamaño, sino también en su capacidad regulatoria y operativa.
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