En un fallo clave para los trabajadores del Estado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, resolvió suspender el recorte salarial dispuesto por el Ministerio de Justicia a través de la Resolución 376/24. La decisión judicial hizo lugar a una medida cautelar solicitada por empleados del organismo, con el acompañamiento de ATE Capital.
La resolución fue emitida el 28 de abril de 2025 y ordena al Estado nacional abstenerse de aplicar la normativa que eliminaba, desde el 31 de diciembre de 2024, el pago del Incentivo Ente Cooperador ACARA, un suplemento que representa más del 50% del salario de muchos trabajadores del ministerio.
El juez Cormick reconoció el carácter remunerativo y alimentario del incentivo, basándose en doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente en los precedentes “Cello” y “Ferrara Muñiz”. En ese marco, sostuvo que la quita constituye una reducción salarial ilegítima, violatoria de los principios constitucionales de intangibilidad del salario, progresividad en derechos laborales y razonabilidad administrativa. Según el fallo, el perjuicio que generaría la eliminación del incentivo para los trabajadores es “mucho mayor que cualquier eventual afectación del interés público”, ya que se trata de una suma que se abona desde hace décadas y cuya supresión carece de fundamentos jurídicos sólidos.
La medida representa un revés judicial para el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien había promovido el recorte en el marco del plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional. El incentivo salarial había quedado excluido del esquema de pagos a partir de fines de 2024, en línea con otras medidas de racionalización del gasto público.
Desde ATE Capital celebraron el fallo y lo consideraron un triunfo de la organización y la defensa colectiva de los derechos laborales. En un comunicado, remarcaron que seguirán impulsando la incorporación definitiva del incentivo al salario y exigiendo la reparación de los daños generados por el intento de recorte. “Este fallo representa un avance fundamental en la protección de los ingresos de quienes cumplen funciones esenciales en la administración pública”, afirmaron desde el sindicato, que ratificó su compromiso con salarios dignos y derechos garantizados.
La medida judicial tiene carácter cautelar y se mantendrá vigente hasta que se resuelva la impugnación administrativa presentada por los trabajadores. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia deberá seguir abonando el incentivo completo, sin reducciones. Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que en los últimos meses han puesto freno a diversas iniciativas de ajuste sobre los salarios estatales, reforzando la centralidad del principio de intangibilidad del salario como pilar del derecho laboral argentino.
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