La Corriente Federal presiona y pide un Confederal para que la CGT no respalde la reforma laboral

Tras el Confederal que sesionó el 4 de octubre último, la Corriente Federal reclama que el consejo directivo de la central obrera informe respecto de la ejecución de las decisiones entonces adoptadas y sobre «el resultado de las negociaciones realizadas con el gobierno en relación con la reforma laboral y otros temas pendientes, como el de las obras sociales».

Una carta del espacio gremial dirigida a la CGT y firmada por Palazzo y Héctor Amichetti (gráficos) y Horacio Ghilini (docentes privados), afirmó que la reforma laboral -cuyo tratamiento fue postergado en el Senado- debe ser analizada en el Confederal de forma previa a cualquier nueva gestión que realice el consejo directivo.

«Ya que la conducción de la CGT rechazó de forma pública las reformas previsional y tributaria, la CFT desea mancomunar esfuerzos con el plan de acción que decida implementar para impedir que esos proyectos sean ley. Las tres iniciativas oficiales perjudican los intereses de los trabajadores, jubilados y pensionados y del pueblo en su conjunto, porque son contrarias al artículo 2 (incisos b y c) del Estatuto de la central», dijo.

Esos incisos del Estatuto de la CGT determinan como objetivos «el mejoramiento de las condiciones de vida y/o la incorporación de cláusulas que garanticen esa realidad a los trabajadores”, y aseveró que así se expresaron varias delegaciones de la central obrera.

La Corriente Federal solicitó también la inmediata convocatoria a un plenario de secretarios generales y de regionales y reclamó a la CGT que exija al Ministerio de Trabajo «el reconocimiento y certificación de la totalidad de las autoridades de los gremios legítimamente electas y la consecuente homologación de los acuerdos paritarios y los convenios colectivos vigentes y logrados por los sindicatos», indicó la misiva.

«El Gobierno nacional no puede extorsionar a las entidades sindicales con prácticas ilegales y dilaciones, que no se condicen con un Estado de derecho», concluyó la CFT.