Las pymes de biodiésel suspendieron la producción por el atraso en la actualización de precios regulados. En La Pampa, la medida deja en jaque a Pampa Bío y Enresa, y crece la preocupación por el impacto en el empleo y el abastecimiento de gasoil.

Las pymes productoras de todo el país frenaron por completo la fabricación destinada al mercado interno de biodiésel, y en la provincia la medida afecta a dos plantas clave: Pampa Bío, de la firma Lartirigoyen en General Pico, y Enresa, de Gente de La Pampa en Catriló.

En total, el parate involucra a 25 establecimientos ubicados en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, encargados de abastecer el corte obligatorio de gasoil previsto en la Ley 27.640. La decisión, advierten los empresarios, responde al atraso de 15 meses en la actualización de precios regulados, lo que los obliga a vender por debajo de los costos.

Según la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), la Secretaría de Energía fijó el valor en $1.408.687 por tonelada, mientras que el costo real de producción asciende a $1.641.000. Con la aplicación plena de la normativa, el precio debería alcanzar $1.691.000, lo que garantizaría un margen mínimo de rentabilidad.

“Más del 90% de los insumos, como el aceite de soja y el metanol, están dolarizados. Con la devaluación y sin actualización de precios, no se puede sostener la actividad”, remarcaron desde el sector.

El impacto no se limita a las plantas pampeanas, que generan trabajo directo e indirecto en el interior provincial. También amenaza la provisión de gasoil en todo el país. Aunque la ley fija un corte obligatorio del 7,5%, en los últimos meses ese nivel no se alcanzó: en noviembre llegó al 4%, y entre febrero y marzo se mantuvo por debajo del 6%.

El sector acumula pérdidas por más de u$s 80 millones desde mediados de 2024. Hasta ahora no hubo despidos, pero las empresas advierten que podrían recurrir a suspensiones o vacaciones anticipadas si no se corrige la situación.

Las tres cámaras que agrupan a las plantas –Cepreb, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba)– responsabilizan directamente a la Secretaría de Energía, a la que acusan de incumplir la fórmula prevista en la Ley 27.640 para fijar precios.

En su lugar, denuncian que se priorizan “objetivos macroeconómicos” vinculados al control de la inflación. Según cálculos del sector, una actualización plena representaría apenas $19 más por litro de gasoil, un impacto mínimo en el surtidor que podría ser absorbido por las refinadoras.

Mientras tanto, en La Pampa crece la preocupación por el futuro de Pampa Bío y Enresa, dos proyectos que no solo generan empleo, sino que también representan un eslabón estratégico en la producción de energías renovables en el país.