Se trata de José Picón, dueño de la empresa SAAS SAU, devenido en funcionario libertario con un cargo de jerarquía en el organismo a cargo de controlar a las prestadoras médicas. La firma, especializada en sistemas, obtuvo un contrato con la obra social del fósforo intervenida por el Gobierno. Ahora la Superintendencia salió a aclarar que la vendió meses antes.
«Ante la investigación judicial iniciada para esclarecer presuntas incompatibilidades en la contratación de una empresa por parte de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), agente del Seguro de Salud que se encuentra intervenido, la Superintendencia de Servicios de Salud informa que no existe ningún tipo de incompatibilidad ni conflicto de interés», abre el comunicado con el que el Gobierno salió a despegarse de la situación.
Y aclaran: «El funcionario mencionado vendió su participación en la empresa en cuestión en marzo de 2024, previo a asumir su cargo en la Superintendencia. La contratación por parte de OSPIF se realizó en septiembre de 2024, varios meses después del ingreso del funcionario a la gestión pública».
Vale recordar que el fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal para que se investigue la contratación de una empresa de informática en la obra social de la industria del fósforo (Ospif), una de las ocho intervenidas durante el gobierno de Javier Milei.
La firma fue creada por Juan Manuel Picón, que saltó de la actividad privada a la Superintendencia de Salud (SSS) en marzo de 2024. Cinco meses después, la empresa sumó a su cartera de clientes a la obra social del fósforo.
La explicación oficial se centra en que Picón «al momento de iniciar sus funciones, no mantenía participación societaria, vínculo económico ni interés patrimonial alguno, directo o indirecto, quedando así garantizados los principios de transparencia e imparcialidad que exige la ley».
Y añade: «La política de compras y contrataciones de una obra social intervenida es exclusiva responsabilidad de la conducción designada en esa entidad, conforme lo establece la normativa vigente. La Superintendencia de Servicios de Salud no interviene ni autoriza los procesos de adquisición ni la selección de proveedores en los Agentes del Seguro de Salud, aun cuando se encuentren bajo intervención».
Picón es el actual gerente general de la SSS, el organismo a cargo de controlar a las obras sociales y que está bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. En principio, según publicó La Nación y por sale el Gobierno a comunicar, a Picón se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque la denuncia podría ampliarse a otros delitos.
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