El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de ley que busca establecer un Estatuto Laboral para el personal policial y penitenciario de la provincia de Santa Fe. La iniciativa apunta a regular los derechos, deberes y prohibiciones de quienes integran las fuerzas de seguridad, e incorpora como novedad la posibilidad de sindicalización con determinadas limitaciones.
El proyecto retoma una propuesta presentada anteriormente por la legisladora justicialista Matilde Bruera, con el objetivo de avanzar en un marco normativo que regule las condiciones laborales del personal policial y del servicio penitenciario santafesino.
La iniciativa surge en un contexto reciente de tensión dentro de la fuerza. A comienzos de febrero, un sector de la policía provincial protagonizó una protesta durante tres días frente a la Jefatura en Rosario para reclamar mejoras laborales y salariales, luego de un suicidio resonante de un agente. En ese escenario, desde el espacio político FAS volvieron a impulsar el debate sobre la necesidad de un estatuto específico.
“Creemos que es el momento oportuno. La provincia de Santa Fe, en los últimos años, atravesó dos crisis policiales de estas características. Es una discusión que tenemos pendiente y la queremos dar”, señaló Palo Oliver en diálogo con el diario Rosario/12.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del derecho a la sindicalización. El texto propone la creación de una asociación sindical única para el personal policial y otra para los trabajadores del servicio penitenciario provincial.
Según la iniciativa, estas organizaciones permitirían canalizar reclamos colectivos vinculados a mejoras salariales, condiciones de trabajo, provisión de equipamiento adecuado, capacitación profesional y el correcto funcionamiento del sistema de seguridad social.
El proyecto también establece que el personal podrá reunirse y realizar actividades sindicales fuera del horario laboral, sin portar uniforme ni equipamiento de servicio, y siempre que esas acciones no afecten la prestación del servicio policial o penitenciario.
Además, se reconoce el derecho de los trabajadores a peticionar ante autoridades, participar en la vida interna de sus organizaciones gremiales, elegir representantes y postularse como candidatos.
Por su parte, las asociaciones sindicales podrían negociar convenios colectivos de trabajo, dictar sus propios estatutos y realizar actividades legales destinadas a la defensa de los derechos laborales de sus afiliados. También tendrían la posibilidad de integrarse en organizaciones sindicales de segundo o tercer grado.
La propuesta busca abrir el debate sobre las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad provinciales y establecer un marco regulatorio que contribuya a prevenir futuros conflictos internos.
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